El proceso para dejar de ser un capitán del Ejército y convertirse en un fantasma capaz de caminar por las comunas de Cali y las trochas del Cauca no es fácil: hay que dejar de lavarse, dejarse crecer una barba larga y desordenada, permitir que la grasa se acumule en el pelo y aprender a convivir con la mugre incrustada debajo de las uñas. Este proceso lo atraviesan militares como Lucho. “Una cosa es que uno se entrene, pero otra es vivir la realidad”, me diría tiempo después al recordar esos años de servicio. En la inteligencia encubierta, el exceso de pulcritud se paga con la vida; un modismo militar pronunciado por descuido, un “mi capitán” escapado por error o una mirada demasiado erguida podían terminar con un balazo en la nuca y el cuerpo tirado en cualquier zanja. Ante el peligro constante, el oficial me cuenta qué recordaba. “Uno se asusta al principio mientras se forma, mientras se entrena y en las primeras misiones, pero no lo puede demostrar. El oficial de inteligencia encubierta es el que tiene que mantener el control de la situación y la sangre fría”.

A finales de los años ochenta, Colombia estaba en una de sus encrucijadas más complejas. Mientras las altas esferas del Gobierno de Virgilio Barco y la comandancia del Movimiento 19 de Abril (M-19) intentaban llegar a un acuerdo de paz que prometía sacudir los cimientos políticos nacionales, en las bases del conflicto operaban dinámicas subterráneas mucho más oscuras. Lucho me contó sobre una misión que no era un operativo público de combate, sino una inmersión quirúrgica en el corazón mismo de la clandestinidad urbana.

El trasfondo político de aquel momento histórico estaba marcado por la audacia de los diálogos. Tras años de confrontación armada entre el Estado colombiano y el M-19, el grupo insurgente decidió dar un cambio en su modo de lucha. Bajo el liderazgo del comandante Carlos Pizarro, comenzaron a transitar desde la vía de las armas hacia la lucha política legal. Como recordaría Otty Patiño, fundador del M-19, en una charla que tuvimos, “plantear el abandono de las armas era algo inconcebible en ese momento… pero llegamos a la conclusión de que el tiempo de las armas se había agotado y el pensamiento de un diálogo se instaló en toda la militancia”. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de fracturas, desconfianzas y temores profundos dentro de las propias estructuras militares y de seguridad del Estado.

En medio de esa transición hacia la paz, los despachos de inteligencia militar comenzaron a recibir reportes preocupantes. Los rumores que circulaban en los círculos de información indicaban que algunos mandos medios y milicianos urbanos, reacios o desconectados de las directrices de la cúpula negociadora, estaban despiezando los depósitos ocultos de armas para comercializarlos en el mercado negro. Las armas de la revolución que iban a ser entregadas como parte del proceso de paz corrían el riesgo de terminar en las manos de carteles, otras guerrillas o en redes delincuenciales comunes. Frente al significado de este compromiso, el coronel retirado del Ejército y catedrático Carlos Alfonso Velásquez me explicó que el concepto mismo de entrega de armas marcaba una postura política profunda. “En términos del pensamiento de las guerrillas, entregar armas es como mostrar que el Estado venció, que el Estado se impuso”; por eso, el acto mismo era fundamental dentro del proceso de paz con el M-19.

La instrucción que recibió Lucho fue sencilla, pero complicada de realizar: infiltrarse en las estructuras urbanas, ubicar las caletas, identificar a los compradores y desarticular el tráfico ilícito antes de que un escándalo de esa magnitud minara los frágiles diálogos que se adelantaban.

Para abrir esa puerta blindada y acceder a los círculos internos de la insurgencia urbana, Lucho me cuenta que la clave apareció en la penumbra de una celda de la cárcel La Picota, en Bogotá. Allí se pudría un muchacho de 19 años, militante de las bases urbanas del M-19, capturado en el departamento del Valle del Cauca. El “chino” tenía la cabeza llena de proclamas revolucionarias, pero los ojos concentrados en una angustia cotidiana: en la calle, sola y sin un peso, su novia afrontaba un embarazo a término. La inteligencia militar olfateó la oportunidad y le ofreció un pacto de caballeros: atención médica para la chica, un parto seguro y protección para el recién nacido. A cambio, el muchacho debía ser el guía de Lucho en el suroccidente del país. Al asumir la custodia, Lucho me expuso cómo le advirtió con firmeza: “Mire, hermano, el día que usted quiera puede decir que soy del Ejército y a mí me matan. Pero usted sabe que también tiene cola. Aquí vamos a jugar a ver quién cuida a quién”. El pelado aceptó, lo sacaron de la cárcel por la puerta trasera y se lo entregaron al oficial. Desde ese momento, ambos quedaron amarrados por la misma suerte.

Durante nueve meses, Lucho y el chino recorrieron las entrañas de Cali, los prostíbulos de barrio y los caseríos del departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente del país. En esos pueblos, donde la guerrilla imponía la ley a la sombra de la caña, el M-19 era el paisaje cotidiano. El pelado lo presentaba en las esquinas y en las mesas de billar simplemente como un “compa” de confianza. Lucho apenas hablaba: escuchaba el chocar de las botellas de cerveza, la salsa estridente de fondo, las risas de los milicianos y el murmullo confidencial sobre cargamentos de armas y explosivos. Detrás de ellos, a una distancia prudente, pero siempre pendiente y con el dedo en el gatillo, dos suboficiales vestidos de civiles le cuidaban la espalda sin dejarse ver y recolectaban la información que Lucho les dejaba en lugares discretos, como baños o cabinas de teléfono. Para el capitán, la regla era clara: “Si a uno lo pillaban allá adentro de los bares, esos muchachos de afuera no podían hacer nada para salvarlo sin quemarse ellos también. Había que mantener el autocontrol helado”. Si la fachada caía, nadie saldría con vida de allí.

Mientras tanto, en la superficie institucional del país, el proceso de paz avanzaba hacia un desenlace histórico. Las negociaciones culminaron formalmente en la entrega de armas y la reinserción del movimiento y sus integrantes a la vida civil y política, un pacto que se consolidó tras la firma de los acuerdos definitivos y tuvo su expresión simbólica y práctica en el desarme colectivo. En el campamento de Santo Domingo, en el departamento del Cauca, se materializó la entrega oficial del armamento de la insurgencia, un hito supervisado por organismos de verificación nacional e internacional que, como me dijo el coronel Velásquez, “buscaban aconsejar que el uno o el otro actuaran de manera sincera y no hicieran trampas en las negociaciones; eran para dar garantías y transparencia a ambos bandos y a toda la sociedad”.

La historia oficial es que se entregaron las armas que tenía el M-19, una historia que se mantiene hoy en día en las esferas del debate político.

En una oficina bien iluminada, Otty Patiño, cofundador del Movimiento 19 de Abril, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y alto comisionado de Paz en el Gobierno de Gustavo Petro, respondió primero a una aproximación inicial que le lancé de manera sutil, explorando el terreno sin confrontarlo directamente sobre el espinoso tema. En esa primera respuesta, Otty se limitó a enmarcar el proceso dentro de la lógica general de la dejación y las garantías institucionales acordadas con el Gobierno. Sin embargo, ante la necesidad de una respuesta directa, decidí volver sobre el asunto casi al final de la conversación con una segunda pregunta mucho más directa y frontal, cuestionándoles sin rodeos sobre los rumores de que algunos militantes buscaban activamente a narcotraficantes para vender el armamento. Al escuchar ese cuestionamiento sin filtros, vi cómo se le dibujó una sonrisa socarrona, tenue y contenida, esa sonrisa inconfundible del que parece decir: “Sé de lo que me está preguntando, pero no le voy a contestar con la verdad”. De inmediato, recuperó la postura doctrinal y sentenció con voz firme: “No, esto es completamente falso. No tiene sentido, no va acorde con el espíritu de lo que estábamos haciendo nosotros”. Para Patiño, la desmovilización fue un acto limpio, blindado por la veeduría de la Iglesia y de observadores internacionales como “la Internacional Socialista” y la OEA, la cual, según lo que el coronel Velásquez me contó, “la OEA estaba en cierta manera agradecida, entre comillas, con el M-19 y con el Gobierno colombiano por terminar sin sangre la toma de la embajada de la República Dominicana en 1980”, por lo que la idea de comerciar con el arsenal de la revolución resulta una contradicción inaceptable.

Pero en el terreno, lejos de los discursos oficiales y los pactos, la inteligencia militar seguía rastreando el plomo, así como un perro K-9 rastrea drogas.

Aquel juego de espejos duró hasta que las piezas de la red quedaron al descubierto. Tras meses de paciencia y tensión acumulada, Lucho dio la orden de golpear. Se quitó la máscara de “compa” indigente, se enfundó de nuevo las botas de combate y encabezó una serie de allanamientos simultáneos en el Cauca. En una sola jornada cayeron 33 fusiles de combate, abundante munición y material de guerra listo para ser comercializados. La red se vino abajo. Durante el cruce de disparos en uno de los procedimientos, la detonación seca de una ráfaga retumbó tan cerca de su cabeza que le reventó el tímpano izquierdo, dejándole una marca indeleble.

Cuando el polvo se asentó, el muchacho de La Picota recibió su dinero por los servicios prestados, recogió a su mujer y a su bebé y desapareció para siempre en el anonimato. Lucho continuó su carrera militar en los frentes más duros del país hasta alcanzar los grados más altos y pasar al retiro. Hoy, con más de 65 años y un silencio sordo que le retumba en el oído izquierdo, prefiere no revelar su nombre real. Le basta con recordar que durante nueve meses llevó puesta otra piel, la de su propio enemigo, y caminó a su lado sin que nadie notara el pulso de su verdadera identidad.