Es curioso pensar cómo Colombia parece haber trasladado una lógica religiosa a la política.

Dentro del cristianismo, el Mesías es una figura que aparece cuando el pueblo ha perdido la esperanza. Es el elegido por Dios, es quien sin lugar a duda llega a redimir y a cargar con todos los pecados de otros para devolverle al pueblo aquello que ha perdido. No necesita únicamente gobernar; el Mesías necesita salvar.

Cada cuatro años, se construye alrededor de un candidato la idea absurda de que alguien finalmente será capaz de arreglarlo todo. Sí, todo: las deudas, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la seguridad, la corrupción y los problemas que han dejado los gobiernos anteriores. En estos años, ha sido evidente que los colombianos no buscan un presidente, sino un salvador. Por eso, las campañas políticas tienen tanto poder cuando consiguen construir una historia sencilla: Colombia está mal, alguien tiene la culpa y existe solo una persona capaz de arreglarlo todo.

El problema es que muchas veces los discursos de apenas 90 segundos consiguen que un candidato pueda presentar soluciones extraordinarias para problemas que llevan décadas construyéndose. Se escucha la promesa, se imagina el resultado y pocas veces se detiene a preguntar: ¿hasta qué punto es realmente posible hacerlo? El candidato entonces deja de ser un administrador del Estado y se convierte en un símbolo. Ya no representa solamente propuestas, representa la posibilidad de recuperar un país que se siente perdido. Y es entonces cuando los colombianos dejan de preguntarse si puede cumplir sus promesas y empiezan a disfrutar de la posibilidad de que sean ciertas.

Un ejemplo particularmente evidente es la campaña de Abelardo de la Espriella. Su programa de gobierno fue bautizado “Patria Milagro”, una expresión que resulta casi perfecta para describir esa lógica. La palabra “milagro” apela directamente a la idea de una transformación extraordinaria, es la posibilidad de que aquello que parece difícil o incluso imposible pueda solucionarse porque finalmente llegó alguien dispuesto a hacerlo.

Su propuesta de un “plan de choque de seguridad y salud” durante los primeros 90 días y de inyectar $10 billones al sistema sanitario resulta políticamente atractiva, pero el problema aparece cuando la emoción de la promesa se encuentra con las dimensiones reales del sistema. Para 2026, la ADRES informó que su presupuesto pasó a $114,8 billones para financiar el sistema de salud. A esto se suma una crisis financiera acumulada: la Contraloría General de la República reportó que 29 EPS acumulaban $32,9 billones en deudas, mientras la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) registró $25,7 billones de cartera con 232 instituciones al cierre de 2025. Teniendo esto en cuenta, los $10 billones pueden ser un mecanismo de emergencia, pero difícilmente deberían presentarse como la solución completa a una crisis estructural.

Johnattan García-Ruiz, director de Decilion e investigador de Harvard, advertía que “no es claro qué recursos tendrán disponibles en el corto plazo”, precisamente porque el presupuesto del sistema de salud para 2026 ya había sido definido. La declaración de García-Ruiz fue recogida por El País.

Ante esas cifras, resulta evidente que una cosa es iniciar un proceso de recuperación y otra muy distinta es presentar la recuperación de un sistema entero como si pudiera resolverse en un periodo corto. Pero esa es precisamente la clase de promesa que funciona electoralmente, porque el discurso político no siempre premia la propuesta más viable. Muchas veces premia la propuesta que consigue producir una emoción más fuerte: la mano dura produce seguridad emocional, la promesa de acabar con la corrupción produce esperanza, así como la promesa de cambiarlo todo produce ilusión.

Y es entonces cuando se da cuenta de que Colombia lo ha hecho desde distintas orillas políticas. Álvaro Uribe durante su gobierno implementó la Seguridad Democrática, la cual prometía recuperar el control de un país golpeado por la violencia, pero terminó mostrando una paradoja evidente: La JEP documentó que la presión por presentar bajas en combate, junto con incentivos, dejó al menos 6.402 personas asesinadas y presentadas como bajas entre 2002 y 2008. La violencia que se prometió combatir no desapareció y, en el intento de demostrar que estaba siendo derrotada, se llevó por delante a quienes ni siquiera hacían parte de ella.

Años después, la promesa cambió de forma, pero no de fondo. En marzo de 2021, Gustavo Petro aseguró que, si llegaba a la Presidencia, “a los tres meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque se hace la paz” según una entrevista publicada por Semana. La promesa tampoco se cumplió puesto que el ELN continúa activo y el conflicto armado incluso se intensificó en varias regiones. En 2025, la FIP registró un aumento del 34 % en las disputas armadas entre grupos ilegales.

Las ideologías son diferentes, las propuestas también: lo que se repite es la personalización de la esperanza y justo por este motivo, la pregunta más importante de una elección no debería ser quién hace sentir que todo puede cambiar, sino qué tan capaz es ese candidato de convertir sus promesas en decisiones reales, dentro de las instituciones y con los recursos disponibles.

Eso exige algo diferente a la fe: pensamiento crítico. Exige leer más allá del eslogan, contrastar las promesas y aceptar que algunas soluciones no son rápidas. Colombia no necesita dejar de tener esperanza, necesita dejar de confundir la esperanza con la certeza de que alguien vendrá a salvarla: un presidente no es un Mesías. No viene a redimir a los colombianos de sus problemas ni puede cargar sobre sus hombros las responsabilidades de un Estado entero: es un funcionario elegido para gobernar y los ciudadanos no son sus creyentes, son sus electores y, sobre todo, quienes tienen la responsabilidad de exigirle cuentas. En una democracia madura no se vota por quien promete el milagro más hermoso, se vota por quien puede demostrar que sabe gobernar después de que termina el discurso.