“Aquí Nace el periódico EL CONFIDENTE. El 02 de Febrero de 2021”.

Esta fue la primera publicación de El Confidente, medio digital de Yarumal, cuyo director, Mateo Pérez Rueda, fue asesinado el 8 de mayo de 2026 por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC, comandadas por alias Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). El 4 de agosto de 2026, la Fiscalía le imputó cargos a alias Calarcá por su presunta responsabilidad en homicidios, secuestro, desaparición forzada y reclutamiento de menores, entre otros delitos. Tiempo después, a finales de agosto, el gobierno de Abelardo De la Espriella cerró la mesa de negociación con esa estructura mediante la Resolución 343, argumentando la ausencia de voluntad de paz

El Confidente nació en Facebook. Se encargaba de cubrir los municipios de Yarumal, Briceño, Ituango y Valdivia, ubicados en el norte de Antioquia. En cinco años reunió 4.500 seguidores, y se consolidó como un mecanismo de denuncia sobre la corrupción y presuntas irregularidades de funcionarios públicos. También, buscaba la visibilización de situaciones que las autoridades yarumaleñas ignoraban. A su vez, en los temas de la agenda resaltaba la seguridad, noticias de orden público, análisis político, investigaciones sobre el manejo de los recursos municipales, contratos, asesinatos y deporte. 

Mateo Pérez Rueda empezó en el periodismo a los 20 años colaborando con “Las Gafas de J”, medio dirigido por su primo Jorge Rueda. A los 23 fundó El Confidente. Estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín y esperaba la asignación de sus prácticas profesionales. Su sueño, según contó su padre Carlos Pérez, era trabajar en El Colombiano. Mientras tanto, cubría sus gastos vendiendo jugos. 

Según el medio de comunicación Vorágine, Jorge Rueda lo recuerda como alguien que no publicaba desde un escritorio: Mateo era un periodista que iba al lugar de los hechos con grabadora en mano, en busca de  testimonios y  documentos que después sustentaran sus escritos. 

“Rompí mi vínculo con ese mundo imaginario y ahora pertenezco a las calles, donde los humanos que no tienen su disfraz de civil te explican la fórmula más fiel y exacta para entender la vida: todo es sufrimiento, miseria, injusticia, corrupción e indiferencia y nadie hará algo para cambiarlo”. Estas fueron las palabras de Mateo sobre su oficio en el periodismo.

Documentó cómo el alcalde Cristian Céspedes fue demandado por Setas Colombianas S.A. por un presunto cobro irregular de 5 mil millones de pesos en plusvalía, un caso donde la administración no pudo explicar la metodología usada para calcular el cobro ni los inmuebles que serían gravados. Investigó al gerente del hospital Daniel Vergara mientras preparaba su candidatura a la alcaldía: despidos de líderes sindicales, colocación de familiares en cargos y el uso de instalaciones públicas para eventos políticos. Cuando El Confidente intentó preguntarle directamente, Vergara respondió: “Por el momento, sólo soy un funcionario público.”

Publicó carteles del Ministerio de Defensa con recompensas de hasta $500 millones por integrantes de grupos armados que operaban en la región, con foto, con nombre, con sector (“Los más peligrosos del pueblo”, lo llamaba). Cubrió el panorama electoral de Yarumal con un mapa de todos los candidatos al Congreso y sus filiaciones. El Confidente reportaba en municipios que eran controlados por grupos armados, y, por lo tanto, las comunidades no tenían a quién más contarle lo que pasaba.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) Antioquia registró más de 400 agresiones contra periodistas a finales de 2025. Antioquia es el segundo departamento con más periodistas asesinados en Colombia desde 1977. Según el informe de la Fundación Conflict Responses (CORE), los grupos armados organizados pasaron de tener 12.883 miembros en 2018 a 27.121 a finales de 2025. El Estado Mayor de Bloques y Frentes, del cual hace parte el Frente 36, opera en 113 municipios. Sus fuentes de financiación van desde las extorsiones hasta el narcotráfico y la minería ilegal de oro.

De acuerdo con el medio de seguridad ciudadana Análisis Urbano, para enero de 2025 los homicidios en Yarumal habían aumentado un 400% frente al año anterior. El Clan del Golfo, el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el ELN se disputaban el territorio. En abril de 2026 circuló un panfleto ordenando a la población estar en sus casas antes de las diez de la noche: “No es amenaza, es advertencia”.

En noviembre de 2025, Mateo se enteró de una cumbre secreta entre la administración y la oposición, y fue al restaurante donde se llevaba a cabo la reunión y consiguió la factura de los comensales.  Acorde con el diario El Colombiano, funcionarios públicos citaron al reportero a conciliación para frenarlo. “Saben que cuando uno va a conciliar, ellos no lo hacen y deciden seguir el proceso para desgastarlo a uno”, mencionó Mateo. No paró.

Realizó denuncias en un municipio donde esos temas tenían consecuencias. Las siguientes historias son un ejemplo de ese archivo: lo que Mateo encontraba y contaba en su labor como periodista.

La angustia de los habitantes de Cedeño

El 2 de octubre de 2020, en las horas de la mañana, los habitantes del corregimiento de Cedeño escucharon un estruendo y vieron una inmensa nube de polvo. Una masa de tierra de grandes proporciones se desprendió, arrasó aproximadamente 300 metros de banca y represó el río San Julián en el sector La Torre. Dejó una víctima mortal y a cerca de 6.000 personas incomunicadas. No llegaba agua potable, ni gas, ni arroz, ni azúcar, ni papa. Las estanterías de los comerciantes quedaron vacías. La gente empezó a cocinar con leña. La actividad productiva de Cedeño era la lechería y no tenía plan B: o salía la leche, o no había nada. La comunidad resolvió sola lo que pudo: improvisó una garrucha artesanal, es decir un sistema de poleas o cables de 300 metros para poder pasar productos como leche y mercancía, al otro lado del río San Julián. Como los tanques no tenían capacidad suficiente, la leche tuvo que transportarse por mangueras durante dos kilómetros. La que llegaba en mal estado se usaba para hacer queso mozzarella. Los comerciantes y productores tuvieron que endeudarse para sobrevivir los sobrecostos.

Después de dos largas semanas salió del despacho de la alcaldía el permiso de intervención. Llegó maquinaria. Llegó un contrato de $450 millones con la empresa Construcciones y Suministros FR S.A.S. Llegó Weimar Restrepo, el encargado de la logística, sin título profesional relacionado con el tema. En diálogo con El Confidente, Restrepo afirmó haber aceptado el reto “voluntariamente” y explicó que el terraceo convencional no se hizo porque habría generado acumulación de lodo peligroso para los trabajadores. Las máquinas hicieron contención de la banca y siete pequeñas terrazas en los puntos más críticos. El informe técnico del Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (DAPARD) que Mateo consiguió, decía que el material seguía activo en la ladera y que el deslizamiento no había terminado. Los $450 millones se agotaron. El secretario de Infraestructura le dijo a la comunidad que lo que había era una retroexcavadora que limpiaría cada vez que bajara material. Con el tiempo, el agua fue lavando las terrazas.

Un año después, con la llegada de la ola invernal, Mateo volvió. El material seguía cayendo. La vía se obstruía en repetidas ocasiones. Los habitantes todavía no tenían un terraceo efectivo y las vías alternativas no habían sido habilitadas. Ningún otro medio había regresado a Cedeño. 

El Confidente era de los contados medios que cubrían esta noticia.

Los enemigos son los capos. No los consumidores ni la dosis mínima

En junio de 2023, el Senado hundió el proyecto de legalización del cannabis en Colombia. Germán Blanco Álvarez, representante a la Cámara por Antioquia del Partido Conservador, fue uno de los que votó en contra. Argumentó que en los países donde legalizan la marihuana aumenta el consumo, se incrementa la violencia y se agudizan las tragedias. Ese mismo año, en Yarumal, el microtráfico era uno de los principales motores de los homicidios en el municipio. El negocio lo controlaba el Clan del Golfo.

En diciembre de 2023, Blanco se pronunció públicamente desde Yarumal contra la legalización. Ese mismo mes, el gobierno de Gustavo Petro derogó el decreto que desde 2018 le daba facultades a la Policía para incautar la dosis mínima. La dosis personal de marihuana en Colombia lleva despenalizada desde 1994: hasta 20 gramos para consumo propio. Para los defensores de la regulación, mantener la prohibición solo beneficiaba al narcotráfico. El sociólogo Julián Quintero, investigador de la Corporación Acción Técnica Social, lo resumió así: seguir en el escenario de la prohibición ha demostrado que no es capaz de contener los efectos negativos del tráfico y consumo de marihuana, y la regulación termina siendo beneficiosa porque le quita las rentas a la criminalidad. El entonces presidente fue más directo con tumbar la ley de legalización del cannabis lo único que se hace es elevar las ganancias al narcotráfico y su violencia.

Mateo, entonces, le respondió a Blanco en la sección de opinión de El Confidente. Lo hizo con su nombre.

“Don Germán Blanco, el amo y señor de los conservadores yarumaleños dice que la posición suya y de sus esbirros en contra de la legalización y regulación de la marihuana es férrea. Debería don Germán darle una buena calada a un puchito para aplacar el resentimiento contra los adolescentes y se ría un ratito con los colegas. Vale dos mil, una diferencia abismal al whisky caro que ustedes toman”.

Más adelante escribió: “Nosotros en El Confidente hemos conocido marihuaneros profesionales y son las personas más amorosas que hemos conocido. Nunca nos harían daño, más fácil nos dan un abrazo. ¿Saben quién sí nos hace daño? Esos que toman whisky y meten perico”.

Balacera en la avenida

El viernes 20 de marzo de 2026, en el sector del Volga, frente a las tiendas D1 de Yarumal, a las 3:56 de la tarde, un hombre con un saco de color negro se acercó por detrás de otro que se transportaba en un vehículo e intentó asesinarlo. Disparó dos veces. Salió corriendo cuando se percató de la presencia de agentes especializados de la Policía. Los agentes lo persiguieron. Hubo un intercambio de disparos en la calle. El atacante fue atrapado y herido de bala. Tanto él como la víctima terminaron en el hospital recuperándose de heridas de bala.

El Confidente publicó la nota ese mismo día con foto desde el lugar: la avenida cortada, las motos de la policía atravesadas, los vecinos parados a los lados mirando. Fue la publicación más vista del archivo: 378 likes, 29 comentarios, 98 compartidos.

La balacera del Volga no era un hecho aislado. En Yarumal había un intento de reestructuración del microtráfico que el Clan del Golfo quería impedir. Según El Colombiano, a quienes estaban matando eran principalmente jóvenes de barrios marginales vinculados al microtráfico. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo confirmó: Yarumal era un corredor estratégico para estas bandas, que actuaban no solo como desestabilizadores del orden público sino también como distribuidores de estupefacientes en zonas pobladas. Un mes después, el 19 de abril, un sicario del Clan del Golfo entró a una discoteca en la zona rosa del municipio y disparó contra la gente que estaba adentro. Dos muertos. Seis heridos.

Justicia por homicidio de Jhoncito. Todavía no hay capturas

El 12 de enero de 2026, se encontró el cuerpo sin vida de Jhon Alexander Tabares en una manga de la vereda Yarumalito, cerca a la carretera que conecta Yarumal con la Costa Atlántica. Antes de salir, algunos testigos lo vieron hablando con una persona cerca de su casa. Más tarde entregó sus pertenencias a su compañera sentimental y se dirigió a un sitio con un acompañante. La hipótesis de las autoridades era que lo habían invitado a un lugar específico, donde después le propinaron unos disparos mortales luego de darle la espalda.

Jhoncito, como le decían sus conocidos de cariño, cultivaba la música, la poesía y el teatro. No tenía antecedentes criminales. Sus compañeros de la Casa de la Cultura organizaron una velatón para despedirlo. La Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que había venido destacando la reducción de los homicidios en el municipio y la implementación de 51 cámaras de seguridad, explicó que este caso era complicado porque ocurrió en lugares donde esas cámaras no apuntaban.

En 2024, Yarumal estuvo a un solo homicidio de alcanzar en julio la cifra total del año anterior. Según El Colombiano, a quienes estaban matando eran principalmente jóvenes de barrios marginales. Nadie quería hablar. Ni los habitantes, ni los policías, ni las autoridades. La primera razón era el temor: el Clan del Golfo era el amo y señor del hampa en la zona y una declaración imprudente podía significar una lápida.

Mateo escribió: “En Yarumal nos están asesinando nuestros adolescentes por razones cada vez más absurdas y las autoridades no están investigando con celeridad. La administración debe poner más de su parte para evitar estos homicidios porque en el municipio ya es muy fácil matar sin consecuencias”.

La publicación tuvo 132 likes y 17 compartidos. Todavía no había capturas.

La indiferencia de la administración con el caso de la casa abandonada de la calle 19

En la calle 19 de Yarumal había una casa abandonada con humedad severa, moho, hongos y grietas estructurales con riesgo de colapso. Con el paso del tiempo, los escombros habían empezado a generar filtraciones en la casa de al lado, donde vivía sola una adulta mayor. Los dueños de la casa afectada acudieron a la inspección de policía. Desde ese día, el municipio solo había dado vueltas y le había chutado la pelota a otras entidades como la Gobernación de Antioquia y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRAN). Cuando los delegados de la Alcaldía y la inspección llegaron a hacer el diagnóstico, les pidieron dinero a los dueños para pagar el transporte.

El Confidente consiguió el documento técnico del Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (DAPARD), que certificaba el riesgo estructural. Cuando buscó información sobre el proceso judicial, le aseguraron que no existía ningún proceso relacionado con el caso. El medio dio a conocer la situación. Luego de la publicación, los dueños contactaron a El Confidente: sí existía un proceso. Los juzgados habían ocultado la información.

No era un caso aislado. Según Corrupción al Día, plataforma que hace seguimiento a casos de corrupción administrativa en Colombia, Yarumal nunca había implementado programas anticorrupción y la contratación pública había sido blanco de serios reparos durante años. La administración de Céspedes no tenía al día su página web ni publicaba información sobre el presupuesto municipal. La poca transparencia y la falta de información al público eran, según esa organización, las primeras banderas rojas de corrupción. Una señora que vivía sola en una casa con riesgo de derrumbe esperaba que alguien respondiera. Nadie lo hizo.

Mateo escribió: “Este caso demuestra la indiferencia e incompetencia de la administración municipal y expone principios de corrupción en la inspección. La alcaldía debe solucionar el problema cuanto antes sin darle más vueltas al asunto y la contraloría debe investigar a fondo la inspección”.

***

Quince días después de la nota de la calle 19, el 4 de mayo de 2026, Mateo Pérez Rueda salió de Yarumal en una Honda 110 hacia Briceño. Se despidió de sus padres sin decirles a dónde iba. Al llegar al casco urbano, la Policía y la Personería le advirtieron que no saliera del pueblo. Al día siguiente avanzó hacia la zona rural. Pasó por Las Auras, donde almorzó. Siguió por Pueblo Nuevo. Llegó a la vereda Palmichal, a dos horas de trocha, buscando a un presidente de Junta de Acción Comunal para entrevistarlo. 

Disidentes del Frente 36 lo interceptaron. Mateo mostró su carné de prensa, pero lo obligaron a internarse en la montaña. Tras la denuncia de su desaparición, las autoridades encontraron su moto, su billetera, sus llaves y su celular. El 8 de mayo hallaron su cuerpo torturado enterrado en una zanja cerca de la escuela de Palmichal. Días después, su carné de prensa apareció colgado de una rama en la vereda El Roblal y el portátil que llevaba desapareció.

Según la FLIP, entre 1977 y 2026, 171 periodistas han sido asesinados en Colombia por razones asociadas a su labor. En el 78.8% de los casos no se ha proferido ninguna condena. De estos, 92 casos prescribieron, por lo que las investigaciones fueron archivadas. Al final el legado de Mateo queda en sus escritos de El Confidente, como el reflejo de una Colombia injusta que silencia a quienes informan.