Carolina acudió por primera vez al CAI cercano a su casa después de años de sufrir violencia intrafamiliar. “Solo le daban una orden de alejamiento a él, pero igual después llegaba a la casa”, recuerda con evidente dolor en la voz. Su experiencia refleja una realidad que durante décadas marcó la respuesta estatal: medidas superficiales que no garantizaban una protección efectiva.

Los meses siguientes fueron un verdadero calvario burocrático. “Nunca recibí una ayuda de verdad, porque esos procesos legales se demoran mucho”, explica esta mujer de 32 años, madre de dos hijos y trabajadora en servicios de limpieza.

Carolina representa a miles de mujeres que han enfrentado un sistema judicial lento y, con frecuencia, indiferente ante sus necesidades urgentes de protección. Sin embargo, su historia también muestra la transformación que está en marcha. Cuando finalmente accedió a servicios integrales de asesoría jurídica, su experiencia cambió por completo: “Cuando puse la demanda me dieron ayuda psicológica, eso me ayudó mucho para salir de esa situación. Me recomendaron un buen abogado de familia y él me ayudó con todo el trámite del divorcio con mi marido y la custodia de mis hijos”.

En 2024, el acceso a la asesoría jurídica gratuita para mujeres víctimas de violencia en Bogotá tuvo un crecimiento histórico del 96%, beneficiando a más de 40.000 mujeres. Este avance se sustenta en la implementación de un modelo interdisciplinario que articula abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, respaldado por un marco legal sólido.

La transformación no fue espontánea. En 2025, Colombia aprobó un paquete normativo que revolucionó la protección de los derechos de las mujeres. La Ley 2453 de 2025, impulsada por la senadora María José Pizarro, estableció medidas específicas para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, obligando a partidos y al Estado a crear protocolos que garanticen participación sin discriminación.

La Resolución 347 de 2025, promulgada por la ministra Francia Márquez Mina, creó el Programa Nacional Casas para la Dignidad, asegurando acceso a apoyo psicosocial y protección integral en todo el país. De forma complementaria, la Ley 2462 de 2025, liderada por la representante Ángela María Robledo, estableció medidas afirmativas para mujeres rurales y campesinas, reconociendo las barreras adicionales que enfrentan para acceder a la justicia.

El nuevo modelo interdisciplinario funciona con equipos de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales que trabajan de manera coordinada. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, este enfoque integral se organiza en tres niveles de atención: orientación jurídica, asesoría especializada e intervención jurídica.

Existen antecedentes exitosos en otras regiones. En Barranquilla, la Casa de Justicia implementó un Modelo de Atención Integral que atendió 300 casos de violencia intrafamiliar con seguimiento completo, involucrando seis instituciones en trabajo de red. La experiencia demostró que “la sostenibilidad del modelo se debe al compromiso de los equipos de trabajo de cumplir periódicamente reuniones de verificación y evaluación de los procedimientos”.

En Antioquia, la Colectiva Justicia Mujer se consolidó como el primer bufete de abogadas feministas del departamento, ofreciendo servicios psicosociales y jurídicos especializados. En 2023 recibieron 524 casos y asesoraron a 252 personas, confirmando la efectividad del modelo integral.

Las barreras que persisten

Cada mañana, Esperanza Gómez inicia su labor como trabajadora social preparada para escuchar desde relatos profundamente dolorosos hasta testimonios de mujeres que han logrado ver a sus agresores condenados. Con más de veinte años de experiencia acompañando víctimas de violencia de género, ha sido testigo directo de la transformación que está revolucionando el acceso a la asesoría jurídica gratuita en Bogotá.

Sin embargo, los problemas continúan. Entre enero y mayo de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 123 feminicidios, 79 intentos de homicidio y más de 5.300 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres. En Bogotá, los registros muestran un aumento del 165% en violencia intrafamiliar entre enero-junio de 2024 frente al mismo periodo de 2023.

Más allá de las cifras, quienes trabajan con mujeres víctimas identifican obstáculos que siguen presentes.

• Desconfianza institucional y miedo: Neiby Rodríguez, comunicadora social de la Fundación Mesiánica Yovel, señala que el principal obstáculo es “vencer el miedo y empezar a denunciar”. Según ella, “una vez ellas vencen el miedo y aceptan buscar ayuda, es el inicio de un proceso donde empiezan a enfrentarse con muchos miedos, con muchos temores, con muchas angustias”.
• Desconocimiento de derechos: Muchas mujeres, especialmente de estratos bajos, desconocen que tienen derecho a representación gratuita, medidas de protección y acompañamiento psicológico. Rodríguez añade: “Pienso que cada quien actúa aparte y que hay unas que llegan hasta a buscar ayuda, pero hay otras que no se atreven a denunciar. Un gran porcentaje busca ayuda, pero no llega hasta lo legal”.
• Barreras geográficas y económicas: Para muchas mujeres que viven en zonas periféricas, llegar a una Casa de Justicia implica horas de transporte y gastos que no pueden asumir. Las estadísticas muestran desigualdades: la población indígena presenta tasas de notificación más altas y los afiliados al régimen subsidiado registran cifras superiores.

El trabajo comunitario también ha identificado problemáticas específicas como el acoso laboral hacia mujeres solteras o separadas, y casos de mujeres que, tras haber pertenecido a grupos armados, sufrieron abusos, violaciones y abortos forzados, dejando heridas profundas que requieren acompañamiento especializado y prolongado.

Para Esperanza, el acompañamiento psicosocial durante un proceso legal “es muy necesario para ayudarlas a estabilizarse realmente, eso equilibra por completo los diferentes procesos”. Los expertos en trabajo social coinciden: “Para una víctima de maltrato, el primer contacto con el trabajador social resulta trascendental y, por ello, es muy importante generar un vínculo de confianza entre el profesional y la usuaria del servicio”.

Rodríguez aporta otra mirada: “Son situaciones muy difíciles. Cuando hay mujeres cabeza de familia que tienen que enfrentar estos abusos, no solo la mamá tiene que iniciar un proceso de apoyo, sino por supuesto la víctima. Vienen las consecuencias donde muchas veces quien ha sido víctima opta por intentos de suicidio, entran en depresión, ansiedad”.

Aun así, Rodríguez reconoce avances: “Me ha llamado la atención que en Colombia sí se está juzgando, sí se está creyendo en el testimonio de las mujeres, y sí se está actuando. Entonces esto me llama la atención por el lado de la parte legal”.

También destaca el impacto del modelo interdisciplinario: “Desde nuestro trabajo hemos visto cómo el modelo interdisciplinario marca una diferencia real. Las mujeres que acceden a servicios integrales tienen más posibilidades de salir adelante”. Identifica tres factores clave: comunicación empática, seguimiento sistemático y articulación con otros sectores como vivienda y generación de ingresos.

Los datos institucionales respaldan esta visión: la Secretaría Distrital de la Mujer reportó un aumento del 96% en representación jurídica entre 2023 y 2024, pasando de 1.375 a 2.649 casos.

Rodríguez concluye: “Es importante todo este proceso de acompañamiento y de ayuda para que logren salir adelante y para que puedan recibir de verdad sanidad y puedan reincorporarse y seguir adelante con sus vidas”.

Actualmente, la Secretaría Distrital de la Mujer tiene presencia en 20 Casas de Igualdad de Oportunidades (una por localidad), 16 Casas de Justicia (7 con servicios integrales), 25 Manzanas del Cuidado y 5 Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

En definitiva, el crecimiento del 96% en asesoría jurídica gratuita para mujeres víctimas refleja una decisión política de poner los derechos de las mujeres en el centro de la agenda pública. La historia de Carolina, como la de miles de mujeres en Bogotá, demuestra que cuando el Estado se toma en serio estos derechos, es posible tender puentes reales entre la ley y la vida cotidiana. El reto ahora es sostener y profundizar este modelo, garantizando que ninguna mujer víctima de violencia quede sin el acompañamiento integral que merece.