La reparación no debe ser un ideal inalcanzable, sino un proceso con prioridades claras. No se trata de negar el daño ambiental o el sufrimiento animal en el conflicto, sino de reconocer que aun hay millones de víctimas humanas esperando…

Con 9,8 millones de víctimas registradas y un conflicto interno que se ha prolongado por más de medio siglo, Colombia ocupa el séptimo puesto entre los más violentos del mundo, según el proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED). Sin embargo, la violencia no para ahí. Esta misma organización independiente indica que en el país el número de víctimas sigue creciendo, y que enero de 2025 fue el mes más mortífero desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder en agosto de 2022.

Dada la magnitud de esta crisis, el conflicto armado sigue siendo un tema de constante debate. Por primera vez, se está contemplando la posibilidad de radicar un proyecto de ley, ante el Congreso, para declarar a los animales y la naturaleza como víctimas, una iniciativa liderada por la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico.

Acá la discusión no radica en demostrar que el conflicto va más allá de las afectaciones humanas, pues eso es innegable. La cuestión es que la forma en que se está pensando abrir nuevas dimensiones para la reparación de víctimas no humanas puede llegar a desviar la atención y priorización del 84% del total de las víctimas registradas que, al cierre de 2024, espera ser indemnizadas por vía administrativa.

En Colombia, los animales y la naturaleza han sido usados como herramientas de guerra. Según un artículo de la revista Cambio, algunos ejemplos son los atentados con explosivos ocultos en animales como el "burro bomba" en Sucre en 1996, el “perro bomba” en Nariño en el 2013 y atentados de las FARC con “caballos bomba” utilizados en Huila en el 2002, Caquetá en el 2011, Antioquia en el 2012 y Boyacá en el 2013. Y, como si fuera poco, el paramilitar alias “Macaco” utilizaba un león para infundir terror en los departamentos de Antioquia y Córdoba y lo alimentaba con carne humana.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que el cultivo de coca ha afectado aproximadamente 300 mil hectáreas de bosques. Además, los actores armados han utilizado los ríos para desaparecer personas y han provocado graves desastres ambientales, como el ataque de las FARC al oleoducto Trasandino en 2015. En este hecho se derramaron cerca de 4 mil barriles de crudo, contaminando la quebrada El Aguacate, los ríos Caunapí y Rosario, y parte del océano Pacífico.

La senadora Hernández en varias entrevistas respalda la iniciativa argumentando que la guerra en Colombia ha ocurrido principalmente en zonas rurales, afectando el hábitat de numerosas especies y alterando el equilibrio ecológico. Como consecuencia, muchos ecosistemas han quedado en estado crítico, con daños cuya recuperación es compleja y requiere prioridad.

Andrés González, antropólogo y funcionario de la oficina asesora de Justicia restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), destaca que en las comunidades étnicas el territorio y el ser humano son inseparables, por lo que su restauración implica también la reconstrucción de la comunidad. Para muchos de estos colectivos, sanar el río significa sanar su hogar y su cultura.

Una de las propuestas de la senadora Hernández es incluir a la naturaleza y los animales en las rutas de atención y reparación existentes para las víctimas. El asunto es que estas ya están atrasadas. La Unidad para las Víctimas informó en diciembre de 2024 que para esa fecha solo se habían indemnizado a 1,5 millones de víctimas y que la brecha de reparación varía significativamente según el hecho victimizante: mientras que el porcentaje de indemnizaciones por homicidio es de 28.32%, solo el 0.19% se ha otorgado por el reclutamiento ilegal de niñas, niños y adolescentes y apenas el 0.03% por tortura.

Por otro lado, esta misma entidad informó que 1,784,551 personas, equivalentes al 18% del total de víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), son jóvenes entre los 18 y 28 años. De esos jóvenes, para agosto de 2024, el 17,2% son víctimas de desplazamiento que se encuentran en condición de pobreza extrema, pero solo 158,625 (8.8%) han sido indemnizados a lo largo de la historia, ¿No debería esto ser una prioridad antes de estar pensando en reconocer a otros seres vivos sintientes como víctimas?

En una entrevista para Publimetro, la senadora del Pacto Histórico mencionó que otro de los puntos de su propuesta es que la JEP incluya un macrocaso aparte de los once que ya tiene desde su fundación en el 2015. Ante eso, Ariel Sánchez, jefe de la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa de esta entidad, insinuó que conceptual y jurídicamente se podría pensar un macrocaso en el que se le reconozca como víctimas del conflicto armado a los animales y la naturaleza, pero en términos prácticos eso no va a suceder. “Ya no hay condiciones para la apertura de ningún macrocaso y tampoco sería lo más conveniente ni efectivo”, me indicó en una entrevista.

No sería efectivo, pues de hecho la naturaleza como víctima puede integrarse en los casos territoriales y de población afectada, como los macrocasos 02 (prioriza situación de violaciones a los derechos humanos en Nariño), 04 (prioriza situación territorial en la región de Urabá), 05 (prioriza situación territorial en la región del norte de Cauca y sur del Valle del Cauca) y 09 (crímenes contra pueblos y territorios étnicos).

Un avance inédito en la jurisdicción fue la acreditación del río Cauca como sujeto de derecho a intervenir en el proceso judicial. Esto exclusivamente por su vínculo espiritual con las comunidades indígenas y porque mediante este acto se estaba dando la reparación de colectivos más amplios posibles, principio fundamental de esta entidad.

El criterio no aplicaría a los animales u otros territorios que no tengan un valor espiritual para las comunidades, dado que su reconocimiento individual como víctimas no contribuiría a la reparación de un colectivo más amplio. Además, la jurisdicción tiene un límite de 20 años y ya se acerca a la mitad de su vigencia, por lo que sumar más territorios y animales desviaría su atención. Los macrocasos fueron diseñados precisamente para agrupar y priorizar casos sin romper este principio, por lo que el trabajo actual de la JEP ya es suficiente.

La reparación no debe ser un ideal inalcanzable, sino un proceso con prioridades claras. No se trata de negar el daño ambiental o el sufrimiento animal en el conflicto, sino de reconocer que aun hay millones de víctimas humanas esperando justicia. Ampliar el alcance sin antes cumplir con lo pendiente puede llevar a que, al final, nadie reciba una reparación real. La idea suena maravillosa, pero en la realidad, sin una base sólida, corre el riesgo de quedarse en promesas incumplidas, como tantas otras que han hecho de Colombia un país de cicatrices abiertas y justicia aplazada.

*La opinión de la autora no representa la opinión del medio.