El conflicto armado en Colombia entre el Estado y grupos al margen de la ley ha sido una enfermedad que ha atormentado al país por mucho tiempo. No obstante, es manifiesto que hubo una reducción significativa de la presencia paramilitar y guerrillera tras la implementación de la Política de Seguridad Democrática de 2002 centrada en la confrontación militar y la recuperación del control territorial. Para muchas regiones, como Boyacá, los últimos años supusieron un tiempo de paz, liberación y sanación de las heridas que la guerra les dejó. Pero veo con angustia que ese periodo de quietud ha llegado a su final.

Tras el consejo de seguridad y paz realizado en Chiquinquirá el 30 de mayo del año en curso con 113 alcaldes de Boyacá, el gobernador Carlos Amaya y el ministro de Defensa Pedro Sánchez, se destacó la necesidad de reforzar la seguridad en el departamento y evitar el ingreso de grupos armados. “Boyacá es hoy uno de los departamentos más seguros de Colombia, pero no podemos permitir que se convierta en laboratorio del crimen. Lo que hagamos aquí marcará si el departamento se anticipa al crimen organizado o si termina replegado”, declaró el ministro. Las principales medidas a las que se comprometieron fueron un refuerzo de la tropa, adicionando 180 uniformados al departamento, con la creación de seis pelotones, 20 nuevos policías para la Policía de Turismo, 30 operaciones en conjunto con la Fiscalía General contra estructuras criminales, la implementación del Observatorio de Seguridad a disposición de gobernador y alcaldes, y la consolidación del Fuerte de Carabineros al occidente de la región para reforzar el control territorial.

No obstante, pese a todo lo anterior, la mañana del 5 de agosto, durante la realización de labores de vigilancia y patrullaje, una unidad del Ejército Nacional fue emboscada por el ELN en la vereda El Moral de Chita, Boyacá, uno de los municipios más afectados por la violencia en el departamento. El ataque con explosivos y ráfagas de fusil perpetrado por el frente Adonay Ardila Pinilla dejó tres soldados muertos y tres más heridos.

Ante esto, el gobernador de Boyacá manifestó nuevamente su preocupación y rechazo a los grupos armados ilegales que han intentado reactivar su presencia y sus operaciones en el norte del departamento: “Es muy preocupante, porque hacía mucho tiempo que esto no ocurría en nuestro municipio y nos aterra que esa violencia que se vivió en el norte de Boyacá vaya a regresar (...) Aquellos que dicen llamarse subversivos, que no son otra cosa que bandidos, que pretenden venir a generar zozobra de nuevo en el Norte y Gutiérrez y en Valderrama deben saber que no lo vamos a permitir. El dolor que han causado es un dolor que no queremos repetir. Nuestro Ejército va a proteger esta tierra”. Le expresó al ejército su respeto y condolencias, y pidió continuar con las ofensivas militares. A su vez, le solicitó al ministro de Defensa el fortalecimiento del Batallón de Alta Montaña en El Espino y de las bases militares en El Cardón y Socha, esto con el objetivo de incrementar su capacidad de respuesta, y evitar que se repita el pasado que marcó a estas provincias. Por su parte, lo que el ministro comunicó fue el ofrecimiento de una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conlleve a la captura de los responsables del ataque, afirmando que: “La protección de nuestra población está por encima de cualquier cálculo. Los asesinos no tendrán descanso.”

Pero esto no es todo, días después se difundió un video en el que militantes del comando conjunto de oriente de las disidencias de las Farc notificaban de un nuevo sistema de cobros de extorsión. Anunciaron a comerciantes, empresarios y comunidad de los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá que se les estarían enviando facturas en papel con un código QR para que las personas citadas lo escaneen y se aseguren de la autenticidad del llamado para “pagar sus contribuciones”. Según ellos, para evitar pagos a personas externas a la organización que desde cárceles realizaban cobros a su nombre. “La papelería nuestra cuenta con el código QR para que verifiquen y no se equivoquen haciéndole pagos a estos delincuentes que le han hecho daño a todos los comerciantes del oriente colombiano”. Un acto lleno de cinismo e insolencia. Parece que ahora los delincuentes gozan de tanto dominio que se toman la libertad de modernizar y difundir sin reparo sus métodos de soborno e intimidación.

A pesar de no ser un epicentro mediático del conflicto, desde la década de los ochenta los grupos guerrilleros, principalmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), hicieron presencia en el departamento de Boyacá y se disputaron el control del territorio. Específicamente en las provincias de Norte y Gutiérrez, su ubicación colindante con los departamentos de Arauca y Casanare, las convirtió en corredores de movilidad entre departamentos para los grupos armados ilegales. La presencia de la Policía Nacional en estas provincias ha estado históricamente limitada por los desafíos de su geografía montañosa. Por mucho tiempo, la lejanía de los centros urbanos, el terreno de difícil acceso y la falta de garantías de seguridad que esto conllevaba, causó que en varios momentos algunos municipios carecieran de presencia policial. Debido a esto, los enfrentamientos constantes, la imposición de grupos guerrilleros como ley y orden, extorsiones, masacres, reclutamientos y desplazamientos forzados se convirtieron en el diario vivir de la población campesina. Hasta que, luego de tal abandono, el Estado colombiano respondió con una intensa confrontación militar y la implementación de los Batallones de Alta Montaña como encargados de la seguridad en territorios geográficamente complejos. En 2003, para esta zona, el Batallón de Alta Montaña N.º 2 General Santos Gutiérrez Prieto, ubicado en El Espino, inició sus operaciones para expulsar a los grupos armados y quitarles el control del corredor estratégico.

Luego de tantos años, el ELN ha regresado a la región y recorren los municipios sin intención de pasar desapercibidos. La inseguridad y el miedo vuelven a implantarse en los corazones de los ciudadanos. Sin pudor alguno, estos delincuentes nuevamente extorsionan a los habitantes. Personas que salieron adelante a base de esfuerzo y dedicación, ahora son atormentadas por la exigencia del pago de cuantiosas cuentas impuestas indiscriminadamente a cambio de su vida y seguridad. El silencio por temor a represalias regresa a atormentar. ¿Cómo es posible que el gobierno de la “Paz total” permitiera que las cosas regresaran hasta este punto?

¿Qué está haciendo el gobierno para hacerles frente a estos delincuentes? La ejecución de la Ley de Paz Total, con la que se busca ponerle fin al conflicto armado a través de negociaciones con grupos al margen de la ley para su sometimiento ante la justicia, ha sido un proceso extenuante y errático. La declaración de cese al fuego ha limitado el accionar de las Fuerzas Militares. Mientras los héroes de la patria son masacrados, esa promesa de paz no hace más que aplazarse, y su premura se disuelve dentro del marco político. Al parecer para el presidente esta crisis no tiene el nivel de urgencia suficiente para obtener su total atención. Por qué apurarse por defender a aquellos a quienes juraste proteger y cuidar cuando puedes volcar toda tu atención en inmiscuirte en una guerra ajena a miles de kilómetros de distancia, pasar por encima de la identidad nacional para disputar una isla con un país hermano, o mejor aún, respaldar a un gobernante en decadencia acusado de ser un criminal y enemistarte con una superpotencia en el proceso.