El Ministerio no responde al mandato social con el que fue creado. Nació para ser una guía de inclusión y justicia para las poblaciones históricamente marginadas, pero sus constantes cambios de liderazgo, el bajo nivel de ejecución y el recorte presupuestal lo han convertido en una institución tambaleante. Más que un motor de transformación, hoy parece un símbolo de improvisación política.

En materia presupuestal, el Ministerio de la Igualdad ha sido más un símbolo de promesas que de resultados. Según un informe de la Contraloría General de la República, en el 2023 apenas ejecutó el 4,9 % de los recursos asignados, dejando sin usar más de 350 mil millones de pesos. El panorama no mejoró en 2024: distintas fuentes calcularon la ejecución entre el 0,14% y el 3%, con la mayoría del gasto concentrado en funcionamiento, como nómina y arriendos, y muy poco en programas sociales. La ineficiencia terminó justificando un recorte de 503 mil millones de pesos para 2025, lo que redujo su presupuesto en casi un 28%, y dejó en entredicho su capacidad real para responder al mandato social con el que fue creado.

Un experto en políticas públicas, David Ruíz, me lo resumió sin rodeos: “el Ministerio debería cerrar brechas sociales y dar oportunidades, pero en la práctica se volvió un invento del Gobierno para darle protagonismo a la vicepresidenta Francia Márquez”.

Márquez llegó a la vicepresidencia con un fuerte respaldo simbólico: mujer afro, lideresa ambiental y representante de comunidades históricamente marginadas. Un ministerio nuevo y con su nombre al frente reforzaba esa imagen y le daba protagonismo propio dentro del gobierno.

Ese mismo experto añadió: “el Ministerio tiene tantas funciones que termina no teniendo ninguna clara”. Esa indefinición hace que se involucre en temas que ya atienden otras carteras.

Otra voz, una fuente cercana al Ministerio de Igualdad que pidió el anonimato por conflicto de intereses, coincidió en que el problema no es solo de nombres, sino de estructura: “no se trata de culpar a los ministros, sino de entender que es una cartera nueva, sin equipos consolidados de planeación ni de contratación, y eso la vuelve ineficiente”. La problemática también se encuentra en la falta de cimientos institucionales que permitan ejecutar proyectos de fondo.

El recorte presupuestal terminó siendo un golpe directo a la legitimidad del Ministerio. Para 2025, según el Decreto 0069 expedido por el Gobierno nacional, al Ministerio de Igualdad se le redujeron 0,6 billones de pesos dentro de los 12 billones recortados al Presupuesto General de la Nación. La medida fue presentada como un ajuste necesario frente a la baja ejecución de años anteriores, pero en la práctica deja a la entidad con menos margen de acción justo cuando debería consolidar programas de inclusión y justicia social. El mensaje implícito es claro: si el Ministerio no logra ejecutar lo que tiene, no merece recibir más.

Incluso los discursos oficiales reflejan esa contradicción. El exministro Carlos Rosero aseguró que el Ministerio “es necesario hoy y lo seguirá siendo en el futuro”. Sin embargo, al enumerar todas las poblaciones a las que busca atender — mujeres, juventudes, campesinos, comunidades étnicas, personas mayores y con discapacidad — terminó confirmando la falta de enfoque. Una cartera que pretende abarcarlo todo, en la práctica no logra resultados concretos. El Ministerio de Igualdad nació para cerrar brechas sociales, pero si no define metas concretas y alcanzables, corre el riesgo de convertirse en lo que conocemos comúnmente como un “elefante blanco”.

La pregunta es qué pasaría si algún día cumple de verdad con sus tareas. Por ejemplo, si planteara una meta específica, como reducir las brechas sociales de mujeres, comunidades afro, campesinos y personas con discapacidad, tendría un rumbo preciso. Además, si fuera medible, con indicadores concretos, —como aumentar en un 20% el acceso a programas sociales en cuatro años—, la ciudadanía podría exigirle resultados reales. También debería ser alcanzable, es decir, proyectos viables en coordinación con otros ministerios, sin duplicar funciones. Lo más importante es que sea relevante, que su existencia aporte a disminuir la desigualdad estructural, y que esté atado al tiempo, con metas evaluables dentro del periodo de Gobierno. Si el Ministerio adoptara este enfoque, dejaría de ser un símbolo vacío para convertirse en una institución capaz de transformar vidas.

Es por esto que el Ministerio de Igualdad está lejos de ser lo que prometió. Hoy se mueve entre cambios de ministros, discursos y pocas acciones reales. Pero cerrarlo no sería la solución: lo que el país necesita es que cumpla con el propósito para el que fue creado. Si logra organizarse y trabajar con metas claras, podría convertirse en la herramienta que muchas poblaciones necesitan. De lo contrario, quedará como un ejemplo más de cómo la improvisación política puede convertir una buena idea en una institución inservible.