Uno de los puntos más críticos de esta presión es el déficit de espacio público. Actualmente, el municipio cuenta con “casi un millón de metros cuadrados” de espacio público en todo el territorio, según cifras proporcionadas por el IDUVI. Sin embargo, cuando se enfatiza la cabecera urbana, la cifra se reduce a “2.31 m² por habitante”, muy lejos de los 15 m² recomendados por la norma nacional.

Hernán Forero, arquitecto y asesor del IDUVI, matiza que ese estándar es casi imposible de alcanzar en Colombia, pues “los 15 m² son una utopía… En Europa, por ejemplo, Suiza y Países Bajos tienen ofertas superiores, pero en la realidad nacional, el mejor escenario lo tiene Medellín, con 4 m² por habitante”.

Sumado a esta problemática, el Instituto también aclara que no todos los espacios públicos con los que cuenta actualmente el municipio se encuentran bajo las condiciones esperadas. El artículo 37 de la ley 388 de 1997 obliga a los propietarios, en procesos de urbanización, a ceder gratuitamente suelo para vías locales y espacio público, y en ciertos casos a garantizar también la dotación de infraestructura vial, servicios públicos y áreas de uso común.

Sin embargo, el aspecto de la dotación no siempre se termina cumpliendo. Según Forero en ocasiones pasadas, “la entidad competente no fue exigente ni rigurosa a la hora de garantizar que el urbanizador entregara un espacio público idóneo” y por ello, parte del espacio público con el que cuenta el municipio —que de por sí ya es poco— se encuentra estancado sin poder satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

En búsqueda de soluciones que respondan al déficit de espacio público que enfrenta Chía, el IDUVI sustenta su gestión con tratamientos de renovación urbana; es decir, que los proyectos de dos o tres niveles se reconstruyan a una mayor altura, para liberar espacio que se destine a zonas de uso común.

Forero plantea como alternativa ajustar la urbanización municipal: “No podemos dejar que el suelo se siga expandiendo, sino buscar estrategias para que la ciudad se compacte”. Según él, esa compactación y verticalización “significaría un mayor aporte al espacio público”. Finalmente, aclara que esa propuesta sería una estrategia que le compete al Plan de Ordenamiento Territorial.

Por otro lado, el ingeniero Néstor Alejandro Hoyos, secretario de Obras Públicas de Chía, detalla que, actualmente, se adelantan proyectos clave para mejorar la movilidad del municipio y responder al aumento poblacional del mismo. Uno de ellos, proyecta la intervención de la Avenida Pradilla, una de las calles principales que estructuran la red vial de la región. Sin embargo, esta obra contempla grandes desafíos: “Hacer una ampliación de cuatro o seis carriles en cada costado de la vía, exige infraestructura pública: andenes, ciclorruta e incluso medio ambiente”.

Así mismo, se contemplan otros proyectos viales: la ampliación de la carrera segunda este, entre la Avenida Pradilla y Tres Esquinas; la construcción de la calle 37 entre la Autopista Norte y la carrera novena, y la ampliación de 22 radios de giro.

Ante este panorama, Chía continúa atrapada en una paradoja: para brindar a sus habitantes el espacio público que reclama un municipio en expansión, deben seguir levantando urbanizaciones que, a su vez, intensifican la presión sobre el territorio. Es un ciclo donde la promesa de solución se confunde con la raíz del problema, y cuya sostenibilidad, más que un horizonte claro, se asemeja a una deuda que se prolonga indefinidamente.