1020. Si tuviéramos un minuto para buscar a cada uno de estos niños (perdidos solamente desde 2024), trabajaríamos por 17 horas. En los últimos diez años, han sido más de 28 mil, según Medicina Legal. Esa cifra no dice nombres, caras ni historias. Hoy sí: Valeria Afanador Cárdenas, 10 años, fue vista por última vez a las 10:30 a.m. del 12 de agosto, entrando a una zona de arbustos junto a la reja de su colegio, en la vereda Canelón, junto al Río Frío.

El martes 12 de agosto, a las 5 p.m., la Alcaldía de Cajicá publicó en redes el primer anuncio pidiendo ayuda para encontrarla. Tres horas después, la voz de un megáfono recorrió las calles como si estuviesen vendiendo mazamorra paisa. A las 8 p. m., la alcaldesa, Fabiola Jácome, anunciaba que llevaban más de ocho horas buscándola, con bomberos, defensa civil y vecinos sumados a la tarea.

El Gimnasio Campestre Los Laureles señala que una imagen difundida por medios, que muestra un hueco en la reja, corresponde a una apertura hecha por socorristas en otro punto para facilitar la búsqueda, y no al lugar donde las cámaras registran a Valeria. Aun así, sigue siendo necesario aclarar si en el punto exacto de desaparición existía o no alguna vulnerabilidad física.

Los equipos de búsqueda han desplegado más de 180 personas, drones, perros entrenados, botes, patrullajes y revisión de cámaras. Pero la comunidad se enteró tarde. Han pasado más cientos horas desde su pérdida y Valeria sigue sin aparecer. ¿Sirve que todos nos enteremos? Sí: más ojos pueden ayudar, pero la presencia masiva en la zona hizo que los K9 perdieran el rastro de la niña. La búsqueda debe activarse rápido y de forma cuidadosa, para evitar lo que ya está ocurriendo: información errónea o tergiversada circulando. Otro carro repitió el mensaje a las 9 p.m.

El 13 de agosto, la administración municipal anunció una recompensa de $20 millones por información veraz de su paradero. Recuerdo entonces una madrugada en Florida, EE. UU., cuando mi celular me asustó en medio del silencio de la madrugada con una Amber Alert: un sistema que desde 1996 avisa de inmediato sobre menores desaparecidos. El colegio de Valeria queda a cinco minutos de mi casa, pero no me enteré del primer aviso hasta tres horas después. Me pregunto, entonces, ¿dónde está la Alerta Colombia?

La ley que la creó entró en vigencia en septiembre de 2023. El Gobierno debía reglamentarla y las operadoras tenían seis meses para implementarla. El plazo venció en marzo de 2024, y el resultado: ninguno. Luego llegó la Ley Sara Sofía, que busca difundir de inmediato la foto, datos físicos y ubicación de un menor desaparecido, con autorización de los padres, directamente a los celulares de personas cercanas. Desde octubre de 2024 está en revisión en la Corte Constitucional. En abril de este año, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría defendieron su constitucionalidad. A agosto de 2025 seguimos sin fallo.

Entiendo que quieran verificarla y asegurar que funcione. Pero ¿cómo no va a ser prioridad la seguridad inmediata de los niños? Antes que reformas o discusiones que pueden esperar, necesitamos implementar lo urgente. Es peor no priorizarla que no tener la tecnología lista: sin primacía, nadie se mueve para revisarla.

Y aquí entra un tema que no se puede pasar por alto: la seguridad en el momento de los hechos. El colegio afirma que, por su condición, Valeria contaba con acompañamiento conjunto del equipo docente. Sin embargo, en los comunicados no se precisa si alguno de ellos estaba a su lado en el momento en que las cámaras la registran entrando a la zona de arbustos. Esa ausencia de detalle plantea preguntas clave: ¿dónde estaba el acompañante en ese instante?, ¿ha dado ya su testimonio a las autoridades?, ¿qué observó?

Concuerdo con Parra en que “las personas prefieren buscar un responsable a toda costa, antes que unir esfuerzos para encontrar a la niña”. Pero seamos claros: a mi parecer, un acompañamiento colectivo no reemplaza a uno individual, especialmente con una niña que necesita apoyo específico. Los docentes tienen a su cargo a otros estudiantes; para estar 100% pendientes de ella, debe haber alguien exclusivamente asignado. Si en ese instante Valeria estaba sin un adulto a su lado, la responsabilidad recae en quien debía cumplir esa función. La supervisión no se agota en protocolos: se ejerce minuto a minuto y exige presencia real. Según la Down Syndrome Resource Foundation y otros protocolos internacionales de educación inclusiva, permitir que un menor con síndrome de Down deambule sin supervisión en un colegio es negligencia. No es sobreprotección: es responsabilidad.

¿Cómo es posible que entre 30 y 35 países tengan una alerta y nosotros sigamos procesándola? Aquí seguimos con megáfonos y publicaciones en WhatsApp, como si la inmediatez fuera opcional. La ayuda social es vital, pero no podemos depender de que alguien se entere cuando revisa sus redes, y menos si no sabemos si lo primero que ve es información falsa. Una alerta inmediata salva tiempo y vidas. También hay que educar a la ciudadanía: no se trata de generar pánico, sino de actuar con inteligencia para no entorpecer búsquedas como la de Valeria.

Presionar por la alerta no es solo pedir por Valeria: es exigir un sistema que responda también por los cientos de niños desaparecidos por violencia, conflicto armado y otras tragedias.

*A la fecha de publicación, Valeria sigue desaparecida. Las autoridades investigan la hipótesis de un secuestro y aumentaron la recompensa a $70 millones de pesos. Instituciones involucradas solicitan que cualquier información que ayude a dar con su paradero sea reportada a la línea 123 o al número 601 866 5021.