El Estado somos todos, y si los jóvenes delinquen para salir de situaciones vulnerables, es por la ausencia del mismo. En Colombia, más de 8 mil adolescentes han sido sancionados penalmente por delitos, una cifra que refleja la desigualdad y el abandono estatal.

Vivimos en un país cuya historia se fundamenta en siglos de violencia, donde los niños olvidados por el Estado han sido arrullados por el silbido de las balas. El conflicto es ese monstruo en el armario que, ante la ausencia estatal, extiende sus garras para pintarle un paraíso, hecho con sangre, al joven olvidado.

En Colombia no existe un número exacto de grupos al margen de la ley, pero entre ellos se destacan estructuras criminales, disidencias de las FARC, el ELN o grupos como el Clan del Golfo. Agrupaciones monstruosas que durante los últimos cinco años han reclutado a más de mil niñas, niños y adolescentes, según UNICEF. Menores de edad que han encontrado en la criminalidad una forma de sobrevivir y progresar en un entorno de conflicto, producto de la ausencia estatal.

Los 8 mil adolescentes penalizados es una cifra alarmante que, puesta en perspectiva, equivale a tener diez veces la población del Vaticano. Los principales delitos son el hurto, el tráfico de estupefacientes y de armas, seguidos por las lesiones personales, según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ¿Y cómo no?, si vivimos en un país que santifica a un criminal como Pablo Escobar y convierte al denominado ‘traqueto’ en un ‘héroe’ y ‘símbolo de progreso’. 

“En muchos de estos jóvenes se repiten rasgos como la baja tolerancia a la frustración, la impulsividad, el mal manejo de las emociones, la dificultad para poner límites, un profundo sentimiento de soledad y falta de pertenencia”, así lo menciona Carolina González,  magister en psicología clínica  y directora de Padma Terapia. Estos patrones nos permiten entender por qué los jóvenes que han sido ignorados por el Estado encuentran en una pandilla el cobijo que les ha faltado cuando los tratan de ‘parcero’, ‘hermano’ o ‘hijo’.

En Colombia se han logrado zanjar algunas de las brechas de desigualdad educativa; aun así, para lograr que una persona curse un pregrado o un posgrado tendrían que pasar cuatro generaciones. “Hay un tema histórico de desigualdad en el acceso a la educación y, principalmente, a la cultura”, así lo destaca Alejandro Villanueva Bustos, magíster en Sociología de la Universidad Nacional y gerente de territorio del Instituto Distrital de la Protección de las Niñas y la Juventud (IDIPRON). Esta situación, a la larga, termina siendo un factor que reduce las oportunidades laborales de los colombianos y una máquina que genera frustración, inutilidad e impotencia en los jóvenes.

“Tener ese sentimiento de inutilidad y esa sensación de falta de propósito hace que la persona pueda llegar a sentir depresión, ansiedad y desesperanza. Son factores que las hacen más vulnerables a caer en temas de violencia, criminalidad o drogadicción”, menciona González. Es aquí donde, ante el desamparo y el descuido del Estado, se ve en la delincuencia una oportunidad de salir adelante. Para robar no se necesita un diploma, y si es difícil acceder a la educación, la calle tiene las puertas abiertas y un sinfín de denominados ‘papayasos’.

“La espiral de violencia sin sentido, que lleva muchos años, también es consecuencia de la falta de oportunidades y del acceso limitado al capital cultural. Falta acceso a la educación, a las nuevas formas de alfabetización, a los programas técnicos y a la universidad”, denuncia Villanueva. La criminalidad en Colombia no solo es consecuencia de las decisiones individuales, sino también resultado directo del abandono estatal y de la falta de oportunidades para personas en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso a la educación y, por ende, al trabajo.

El Estado debería promover programas de integración social, de educación y salud mental . En caso de que no lo haga, nosotros, los ciudadanos, deberíamos exigirlo y no sosegar nuestra conciencia dando un par de monedas cuando un joven está en situaciones de vulnerabilidad.

Es importante que nosotros, como sociedad, nos demos cuenta de que también somos parte del Estado y que nuestro papel no puede ser el de la abuela alcahueta que le da plata a escondidas a los niños de la casa para que se la ‘mecatee’ y no le llama la atención a quien se supone debería darle las garantías para un digno desarrollo. Es nuestro deber como individuos que hacen parte de la población halarle las orejas al Estado para que revise que aquel monstruo en el armario no vaya por nuestros jóvenes para arrastrarlos a la terrible espiral de violencia.