El río Bogotá sigue siendo sinónimo de contaminación. Aunque los gobiernos prometen avances en su recuperación, las comunidades de Sabana Centro conviven todos los días con aguas negras, malos olores y un paisaje que contradice los discursos oficiales.

“A ciertas horas del día, el mal olor entra a mi casa, sobre todo cuando llueve, o lo percibo cuando salgo a caminar”, cuenta Diana, una residente de Chía. Vive cerca del río Bogotá y describe cómo, en ocasiones, el aire se vuelve espeso, difícil de respirar. En su casa, las ventanas deben permanecer cerradas casi todo el tiempo para evitar que el hedor invada las habitaciones. Ella, como muchos otros habitantes de Sabana Centro, vive con una sensación constante de molestia y resignación frente a una contaminación que parece no tener fin.

Este río, que nace en el páramo de Guacheneque (Villapinzón, Cundinamarca) y recorre más de 380 kilómetros hasta desembocar en el río Magdalena, atraviesa la región de Sabana Centro dejando ver tanto la huella del desarrollo urbano como las consecuencias de la contaminación. A pesar de los planes oficiales y las inversiones millonarias, sus aguas siguen cargadas de residuos domésticos, industriales y agrícolas, impactando directamente a municipios como Chía, Cajicá y Sopó.

“En el edificio hay varios mosquitos, y en zonas como los parques se acumulan. Considero que el olor no viene solo, sino acompañado de otros problemas de salud”, explica Diana, quien añade que el problema no solo es el olor, sino también la preocupación por la salud. Su testimonio refleja una realidad que se repite en distintas poblaciones a lo largo del río.

Un problema histórico y jurídico

El deterioro del río Bogotá no es un asunto reciente. En 2014, el Consejo de Estado expidió una sentencia histórica que ordenó la descontaminación del río y declaró responsables a habitantes, industrias y autoridades de la cuenca. Esta decisión buscaba la recuperación integral del sistema fluvial mediante la coordinación institucional, la participación ciudadana y el cumplimiento de metas claras en el corto, mediano y largo plazo.

A nivel constitucional, los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia establecen que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y fomentar la educación ambiental. La Corte Constitucional, en varias sentencias, ha reiterado la importancia de un ambiente sano como un derecho fundamental.

Río Bogotá, vía Zipaquirá Briceño

Principales amenazas según la CAR

Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), las principales amenazas para el río incluyen la tala indiscriminada, las captaciones ilegales de agua, los vertimientos de residuos industriales y domésticos y la disposición inadecuada de basuras. La combinación de estos factores ha convertido al río Bogotá en un símbolo de contaminación y en un caso emblemático de la incapacidad institucional para detener el deterioro ambiental.

Mientras tanto, la vida en los municipios ribereños continúa entre la costumbre y la impotencia. “No sé si lo que están haciendo mejore, porque no veo un cambio en el olor”, dice Diana. Esta frase resume el sentir de muchas comunidades que perciben los planes de recuperación como promesas que no llegan a cumplirse.

La gestión ambiental desde los municipios

En el caso de Cajicá, uno de los municipios atravesados por el río Bogotá, la gestión ambiental busca adaptarse a los retos técnicos y económicos que implica el saneamiento. Jully Paola Moyano Hernández, ingeniera sanitaria y profesional universitaria ambiental de la Secretaría de Ambiente de Cajicá, explica que el municipio forma parte de los territorios comprometidos por la sentencia del Consejo de Estado de 2014, que impuso órdenes de recuperación sobre toda la cuenca.

“Nosotros, como municipio, hacemos parte de los procesos de descontaminación del río. Tenemos 22 órdenes en las que estamos directamente vinculados, y se nos hace seguimiento a través de un comité que se reúne periódicamente para evaluar los avances”, señala Moyano.

Río Bogotá, Vía Cajicá

Aunque reconoce que el impacto de Cajicá no es el más significativo dentro de la cuenca, el municipio ha implementado medidas locales para reducir los vertimientos. “Trabajamos en un plan maestro de acueducto y alcantarillado que busca que todos los puntos de descarga tengan un sistema de recolección hacia una planta de tratamiento de aguas residuales. Son estructuras robustas, pero de alto costo, tanto económico como operativo”, explica.

La funcionaria subraya que, a pesar de las dificultades financieras, sí hay avances. Parte de los recursos municipales se destinan al sistema de alcantarillado y al fortalecimiento de proyectos de urbanización sostenibles. “A través de los nuevos desarrollos urbanos se ha buscado mejorar la recolección y tratamiento de aguas, aunque no ha sido un proceso fácil”, comenta.

Sobre la condición del río en el tramo de Cajicá, Moyano es enfática: “Aquí el río Bogotá mantiene una condición apropiada; no llega al nivel de deterioro que se observa en Bogotá o en el Salto del Tequendama. Hacemos seguimiento constante a la flora y fauna, y no hemos recibido quejas frecuentes de la comunidad”.

Obras e inversiones para recuperar el río

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, bajo la gerencia de Natasha Avendaño, asegura haber realizado inversiones millonarias en proyectos clave como la ampliación de la PTAR Salitre y la construcción de la PTAR Canoas, considerada la obra más grande de saneamiento del país. Una vez entre en operación, Canoas tratará más del 70 % de las aguas residuales de Bogotá y municipios aledaños. Sin embargo, sus avances han sido lentos y su entrada en funcionamiento se ha aplazado en varias ocasiones.

Por su parte, la CAR afirma mantener programas de seguimiento y sensibilización ambiental, aunque, en la práctica, los resultados son difíciles de percibir. En zonas como Chía y Cajicá, los habitantes aseguran que no hay un cambio visible ni en el color del agua ni en la reducción de los olores.

PTAR TIBITOC, Vía Tocancipá

Para Pablo Carrizosa De Narváez, presidente de la Asociación de Usuarios del Río Bogotá (ASURÍO), los avances institucionales no bastan para hablar de una verdadera recuperación. “El problema no es el río, es la gente y el ordenamiento del territorio”, asegura. Considera que las decisiones urbanísticas sin control en municipios como Cajicá y Chía han afectado la capacidad natural de la cuenca para recuperarse.

El panorama ha cambiado en algunos puntos. “Por primera vez, en el punto de la 80, el agua fue tratada”, relata. Gracias a la PTAR Salitre, 7.000 litros por segundo de agua tratada se mezclan con el cauce, mejorando su calidad. Pero el problema persiste: “Bogotá produce diez veces la contaminación de toda la cuenca”. La esperanza está puesta en Canoas, una planta que moverá 12.000 litros por segundo. “Cuando empiece a funcionar, vamos a tener diez veces el problema resuelto”, asegura Carrizosa.

Uno de los municipios más afectados es Cajicá. “Perdió su capacidad de producción de alimentos”, denuncian desde ASURÍO. El suelo fértil ha sido reemplazado por viviendas, muchas construidas sin vías, sin agua, sin tratamiento de residuos. “Cada vivienda es un vertimiento más que contamina el río”, explica Pablo. El negocio es millonario: “Las ventas de esas viviendas sociales son 1.5 billones de pesos, pero las fincas en las 2.000 hectáreas valen 45 billones”, asegura el presidente de la asociación. El ordenamiento territorial, que debería proteger el suelo agrícola, ha sido vulnerado por intereses económicos.

La construcción de PTAR en Cajicá lleva más de 12 años. “Un constructor privado la hace en seis meses, pero el gobierno tarda años y gasta cinco veces más”, critica Pablo. Por ejemplo, un constructor privado cobra 250 millones de pesos por litro/segundo, mientras que la planta gubernamental equivale a 500 millones de pesos por litro/segundo. El avance financiero en 2024 fue apenas del 4 %, a pesar de que se han destinado más de 5 billones de pesos.

Sí, existe el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca (POMCA), que incluye un componente programático que obliga a los municipios a incluir las obras en sus planes de desarrollo y garantizar presupuesto. “Hoy sabemos lo que tienen que hacer, sabemos que hay plata, pero no sabemos cuándo lo harán”, concluye la fundación.

Pese a todo, hay señales alentadoras. “Ya hemos encontrado caimanes viviendo en el río”, afirma Carrizosa. La presencia de estos reptiles evidencia que, aunque el camino es largo, la naturaleza aún tiene la capacidad de recuperarse y regresar al río, ofreciendo un símbolo de esperanza para las comunidades ribereñas.

Río Bogotá, Vía Cota

El desafío pendiente

A pesar de las inversiones y los planes oficiales, las comunidades de Sabana Centro aseguran que los resultados aún no se sienten en su vida cotidiana. La contaminación del río sigue siendo visible y perceptible, lo que genera desconfianza frente a la eficacia de las instituciones.

El futuro del río Bogotá depende de que las obras prometidas se traduzcan en resultados visibles y sostenibles. Aunque se espera que la entrada en operación de la PTAR Canoas marque un punto de inflexión en la descontaminación, las comunidades siguen esperando que las promesas institucionales se conviertan en mejoras tangibles en su entorno y calidad de vida.

El reto está en equilibrar la voluntad política, la acción institucional y la participación ciudadana. El río Bogotá no solo es un afluente hídrico: es un reflejo de la relación entre desarrollo, responsabilidad ambiental y calidad de vida.