Robos, drogadicción, compra de votos y desconfianza en las autoridades son parte del panorama que hoy preocupa a los habitantes de Zipaquirá. El que antes se percibía como un municipio tranquilo, hoy enfrenta una creciente ola de inseguridad que afecta no solo la vida cotidiana, sino también el turismo, el comercio y la confianza en las instituciones.

Cifras del Observatorio de Seguridad y Convivencia de Cundinamarca, presentadas a comienzos de 2024, ponían a Zipaquirá entre los 16 municipios más inseguros de Cundinamarca, según el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Cundinamarca.

Uno de los testimonios más contundentes lo ofrece Néstor Omar Martínez Melo, profesor de derecho en la Universidad Militar Nueva Granada y notario en Tabio. Desde su experiencia como académico y funcionario público, advierte que el deterioro de la seguridad en Zipaquirá está estrechamente ligado a la falta de control político y al debilitamiento de la ética profesional. “Zipaquirá ya no es de los zipaquireños” afirma, señalando que el turismo desbordado ha transformado el municipio sin una planificación adecuada.

Martínez denuncia prácticas que creíamos superadas, como la compra de votos en elecciones regionales, y critica el papel de abogados que, lejos de servir a la justicia, buscan beneficios personales. “La ética no la puedo enseñar como profesor, eso lo hacen los papás. Lo que yo les digo a mis estudiantes es que hay que ejercer la profesión de la manera más correcta posible y no por la plata que les puedan dar”, comenta, haciendo referencia al caso del abogado Diego Cadena, al que califica como “una vergüenza para la profesión”.

Desde otra perspectiva, Delia Espitia, residente de Zipaquirá, madre de un estudiante de la Universidad de La Sabana, describe el impacto directo de la inseguridad en la vida diaria. “Hay robos, drogadicción y lugares muy solos que generan miedo”, explica. La presencia de indigentes y personas en situación de vulnerabilidad ha aumentado, afectando especialmente el centro y la periferia del municipio. “Los negocios cierran temprano por miedo, y en los barrios hay robos de vehículos”, añade.

Aunque reconoce la necesidad de mayor presencia policial, también expresa su preocupación por los abusos de autoridad. “A veces los policías presentan abuso contra la comunidad”, denuncia, y propone alternativas como grupos comunitarios de vigilancia y estrategias de inteligencia que no recurran a métodos autoritarios.

Finalmente, Martínez reflexiona sobre el papel de la política en la seguridad y la justicia. “Los colombianos votamos pensando a corto plazo”, dice, y advierte sobre los riesgos de elegir líderes sin verdadera independencia. “Un abogado que ha pasado años en el Congreso con el aval de un partido, ¿qué independencia puede tener?”, cuestiona.

El mensaje es claro, para la ciudadanía, representada en algunos testimonios:  la inseguridad no se resuelve solo con más policías o cámaras. Se requiere una transformación profunda en la cultura política, en la ética profesional y en la participación ciudadana. Zipaquirá, como Colombia, necesita líderes menos políticos y más comprometidos con el bien común.