Cada mes, el día catorce, mi abuela Tilcia Ávila sale temprano de su apartamento con una carpeta plástica bajo el brazo. Dentro guarda recibos y papeles del crédito de vivienda. Toma un bus que tarda cerca de dos horas hasta el lugar donde debe hacer el pago. Hace la fila, entrega el dinero y guarda el nuevo recibo junto a los anteriores. El trayecto es largo, pero es una rutina que se repite todos los meses. El apartamento donde vive todavía no es completamente suyo, le faltan doce años de cuotas para terminar de pagarlo. Para ella, ese pago mensual no es solo una deuda. Es la forma de asegurar un lugar propio después de muchos años sin tener uno.

Durante mucho tiempo pensé en ese apartamento simplemente como el lugar donde vive mi abuela: el comedor donde siempre hay café caliente, la máquina de coser en la sala y la compañía de la familia en las noches. Con el tiempo entendí que ese espacio es el resultado de una historia mucho más larga. Una historia que empezó en Tame, Arauca, un municipio del oriente colombiano donde mi abuela vivió durante diecisiete años.

Allí comenzó el primer hogar que tuvo con mi abuelo. No fue una vivienda comprada ni entregada terminada. Fue una construcción levantada poco a poco sobre un lote que consiguieron gracias a una oportunidad laboral. Cuando recuerda ese momento, mi abuela vuelve siempre a la misma escena. “En Tame su abuelo empezó a tener un buen empleo y nos dieron la oportunidad de un lote. Ese lote lo autoconstruimos entre los dos. Su abuelo y yo levantamos la casa poco a poco. Primero las paredes, después el techo. Todo fue con trabajo de nosotros”, me contó.

En esa vivienda crecieron sus hijos. Allí estudiaron, se graduaron y empezaron a trabajar. Durante años la vida siguió una rutina estable. Pero esa estabilidad empezó a romperse con varios hechos que llegaron casi al mismo tiempo. Primero murió su esposo, mi abuelo. Después aparecieron los problemas relacionados con el contexto del conflicto armado que vivía la región.

Durante décadas, distintos frentes de las FARC operaron en Arauca, ejerciendo control sobre zonas rurales y afectando la vida cotidiana de muchas familias. En ese contexto, ciertas relaciones podían convertirse en un riesgo. “Cuando su abuelo murió, yo quedé sola con la casa. Después empezó todo lo del orden público. Mi hija se casó con un policía y mi hijo estaba prestando servicio militar. En un lugar donde hay guerrilla, eso se vuelve peligroso y ellos ya no podían volver a la casa”, explica.

Su historia no es un caso aislado, sino el reflejo silencioso de muchas familias que han tenido que romper sus vínculos con el territorio para sobrevivir. En medio de ese abandono forzado, me queda una inquietud ¿cuántas vidas han sido desplazadas no solo por la guerra, sino por cumplir su deber en un servicio obligatorio? Y, sobre todo, ¿quién responde por quienes terminan pagando ese costo?

En 2003 mi abuela tomó la decisión de irse de Tame. Dejó atrás la vivienda que había construido durante años y empezó un recorrido por distintos lugares buscando un nuevo comienzo. Dos años después, en 2005, declaró su situación ante la Unidad para las Víctimas, la entidad del Estado encargada de registrar a quienes han sufrido hechos del conflicto armado. Desde entonces quedó inscrita como persona desplazada por la violencia.

Salir de Tame significó empezar una etapa de mudanzas constantes. Durante años vivió en distintos lugares. Pasó por Bucaramanga, Barbosa, Bogotá y distintas ciudades por el país. Siempre viviendo en arriendo mientras intentaba ahorrar lo que podía. Cuando le pregunto cuánto tiempo pasó sin tener vivienda propia, responde sin pensarlo mucho “Trece años viviendo de arriendo en arriendo. Trece años sin tener un lugar propio”.

Conseguir vivienda propia es uno de los mayores retos para quienes han tenido que abandonar su hogar por la violencia. En Colombia, millones de personas han sido desplazadas durante el conflicto armado y muchas de ellas aún enfrentan dificultades para acceder a una vivienda estable. Según cifras de la Unidad para las Víctimas, solo alrededor del 18,3 % de las personas desplazadas en Colombia ha logrado acceder adecuadamente a una vivienda mientras que muchas familias continúan viviendo en arriendo o en condiciones precarias años después de haber salido de sus territorios.

Durante ese tiempo, mientras pagaba arriendo y se adaptaba a nuevas ciudades, mi abuela empezó a ahorrar en el Fondo Nacional del Ahorro con la idea de algún día poder comprar vivienda. El proceso tomó varios años. “Yo empecé a hacer ahorro voluntario, poquito a poco. Lo que podía lo iba guardando. Después de varios años de estar ahorrando fue cuando salió la oportunidad del crédito”, recuerda.

Finalmente, en 2016, pudo comprar el apartamento donde vive hoy. El crédito fue posible gracias a sus ahorros y también a las condiciones que tenía como persona mayor, lo que le permitió acceder al préstamo para adquirir vivienda.

Hoy mi abuela sigue pagando ese crédito. Parte del dinero sale de pequeños trabajos de costura que hace en casa y otra parte llega con la ayuda de sus hijos.

Años después de haber declarado su desplazamiento, el Estado reconoció su caso dentro del sistema de víctimas y le otorgó una indemnización económica a finales de 2024, casi veinte años después de haber sido inscrita como desplazada. “Yo hice la declaración en el dos mil cinco, pero la indemnización llegó casi veinte años después. Eso tarda mucho”, cuenta. Sin embargo, el dinero resultó insuficiente frente a todo lo que había perdido al abandonar su hogar en Arauca, y llegó cuando gran parte de su vida ya había tenido que reconstruirse por otros medios.