Llegué a la Institución Educativa Municipal Guavio Bajo de Fusagasugá, a tres horas de Bogotá. Aún faltaban 43 minutos para dirigirme hacia la casa de Isabel* y su familia, aunque Google Maps insistía en que estábamos a solo 6 kilómetros. En la ciudad, a una velocidad de 30km/h, esa distancia se recorre en diez o quince minutos. En la vereda Guavio Bajo, el tiempo varía.

Esos tres cuartos de hora estuvieron rodeados de siembras de café, plátano, mora, tomate de árbol y unas cuantas frutas más que, bajo mi mirada citadina, no alcancé a distinguir. Cada cinco minutos se oía el brote de un nacimiento de agua, mientras el sol radiante invitaba a los pájaros benteveos a posarse sobre la vía irregular. Mientras el vehículo se tambaleaba, pensaba: “un bus escolar no pasa por aquí” y “una persona con discapacidad claramente no puede recorrer este espacio”.

Llegué a una casa en obra gris. Laura*, la mamá de Isabel, se asomó a saludar. Al entrar, en un comedor de seis puestos, cubierto con un mantel morado y adornado con unas flores marchitas del mismo tono, estaba sentada Isabel: una adolescente de 15 años recién cumplidos, con diagnóstico de disrafismo espinal, hidrocefalia, neurogénesis vesical e intestinal y displasia de cadera. Estas condiciones no solo implican la pérdida total de la movilidad en sus extremidades inferiores y la ausencia de control de esfínteres, sino también una dependencia permanente de apoyos para su desplazamiento, su higiene y gran parte de sus actividades cotidianas.

La institución que había visto 50 minutos atrás es la escuela en la que está matriculada Isabel. Sería ideal decir que es el colegio en el que estudia, pero no es así: hasta el 31 de marzo del año en curso, Isabel no ha recibido ninguna guía de educación en casa ni herramientas virtuales ni acompañamiento docente, aunque en la Ley 1145 de 2007, el Decreto 1421 de 2017, la Ley 2216 de 2022 y otras disposiciones se establezcan medidas para la inclusión de personas con condiciones similares. Su madre, Laura, me comentó que no es la primera vez que esta situación ocurre: el año pasado “en mayo salieron a vacaciones de mitad de año”, dijo, “se volvieron a acordar de ella en noviembre, ya para terminar el año”.

Su caso fue presentado en instancias judiciales. En 2023, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Fusagasugá, falló que las entidades accionadas —entre ellas el colegio— habían emprendido las acciones afirmativas necesarias para que Isabel pudiera acceder a las clases, al presupuestar la modificación de la infraestructura del colegio con doble pasamanos y rampas, para que la niña asistiera y fuera cobijada por un programa de inclusión.

En 2024, con la impugnación del fallo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasugá confirmó la decisión de primera instancia, al afirmar que la institución no estaba impidiendo el acceso a la educación de Isabel. Sin embargo, como destaca Diana Hernández, integrante de la Fundación Conectando Corazones: “la tutela no te asegura que el colegio va a prestar una adecuada atención”.

En el primer periodo de 2026, las respectivas “acciones afirmativas” no se han materializado, e Isabel no volvió a asistir de manera presencial a las instalaciones. El año pasado acudió en dos ocasiones: en una, la lluvia dejó las llantas de su silla de ruedas atascadas en el barro; en otra, según relata Ana María Idárraga, su abogada, Laura tuvo que cambiarle el pañal a Isabel en el suelo, ante la ausencia de un lugar adecuado para hacerlo.

Me senté en el comedor mientras Isabel pintaba el cuadro de una rana. Respetó perfectamente los bordes de la imagen y limpió continuamente el pincel sobre el jardinero de jean que traía puesto.

— Cuando te mandan las guías de estudio del colegio, ¿cuál es la que más te gusta?

—Ninguna, porque no lo entiendo —me contestó—. Hay veces que me ponen a practicar las tablas de multiplicar, y me las aprendo por un rato, pero después se me olvidan.

Mientras Laura preparaba pollo asado, arroz, papa chorreada y arveja seca para el almuerzo, intervino en la conversación:

— Isabel en las clases no avanza nada, ella no está al mismo nivel que los compañeros de su grado. De hecho, ella siempre ha dicho: “yo, estando sentada, así me regalan el año” —afirmó. Pero como yo le decía al colegio, es que esa no es la idea: la idea es que ella aprenda.

Durante los primeros tres meses de este año, Isabel se ha levantado a las 10 de la mañana. Después de bañarse, ayuda con el aseo de la casa y, en las tardes, pasa el tiempo viendo en YouTube a Orlando Domínguez, un creador de contenido que narra historias de terror y misterio. Para ella, esos géneros son la dosis de adrenalina justa al día.

Mientras tanto, su hermana menor toma el transporte a las 6:15 de la mañana para asistir a la misma institución. En el aula, Nicole, la única amiga de Isabel le pregunta con frecuencia cuándo regresará. El director de curso, por su parte, insiste a Laura: “bueno, ¿y usted qué piensa de que Isabel vuelva al colegio?”.

Laura sabe que el regreso de Isabel es incierto: la institución no está preparada para una verdadera inclusión. El último día que asistió de manera presencial, su hija lloró de frustración; algunos profesores se quejaban de tener que desplazarse hasta el salón donde ella estaba; otros, simplemente, ignoraban su presencia. Solo unos pocos —como la profesora de inglés— se distinguían por su empatía. La ausencia de profesionales especializados y de acompañamiento psicosocial es, justamente, “una de las principales problemáticas en la educación inclusiva”, dijo Diana Hernández.

Para contrastar las respuestas institucionales frente a esta problemática, acudí a la Institución Educativa Guavio Bajo, a la Secretaría de Educación de Fusagasugá y al Ministerio de Educación. Las dos primeras guardaron silencio. El Ministerio respondió al derecho de petición radicado el 17 de marzo de 2026 con una entrevista virtual fijada para el 26 de abril (un domingo) sin enviar enlace de conexión; después se reprogramó para el 11 de mayo. Sin embargo, la prolongación en los tiempos de respuesta impidió que la conversación se realizara.

El entramado normativo que promete amparar el derecho a la educación existe, pero Isabel y otros adolescentes con discapacidad en zonas rurales siguen sin acceso efectivo al sistema. El silencio de las entidades no es una respuesta, y tampoco lo son las formalidades vacías: faltan iniciativas concretas que activen los mecanismos territoriales disponibles, entre ellos las Unidades de Atención Integral de Cundinamarca, diseñadas precisamente para acompañar procesos de inclusión educativa, pero cuya implementación aún no logra cerrar la brecha, como advierte Doris Ávila, coordinadora de la Unidad en Sopó.

Isabel siempre sostuvo que no quería volver al colegio. Sus razones, sin embargo, eran esquivas: “no me gusta estudiar”, “estoy mejor aquí” o, simplemente, “nunca me ha gustado”.

El 9 de abril de 2026, Laura tuvo una reunión con la profesional de inclusión de la institución educativa, donde se acordó el envío de nuevas actividades de asignaturas artísticas y guías semanales a través de la hermana de Isabel. Los trabajos, ajustes y reuniones parecen, en el papel, respuestas suficientes.

* El nombre de Isabel constituye un seudónimo de su nombre real, por motivos de protección de la identidad de la menor de edad. Igualmente, el nombre de Laura constituye un seudónimo de su nombre real a petición de ella, por motivos de seguridad.