En una declaración pública realizada en el Hotel La Ópera en Bogotá, el candidato presidencial Iván Cepeda Castro anunció la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como eje fundamental de su programa de gobierno para el periodo 2026-2030. La rueda de prensa inició con la presentación de una estrategia que busca transitar de la persecución de delitos individuales al desmantelamiento de redes sistémicas de corrupción.

La propuesta central consiste en la radicación, con mensaje de urgencia ante el Congreso, de la Ley Nacional Anticorrupción. Este marco normativo pretende tipificar la gran corrupción como un delito grave, eliminando beneficios como la reclusión domiciliaria para los responsables.

Cepeda enfatizó que el sistema operaría bajo un enfoque de participación ciudadana, donde organizaciones comunitarias y la academia podrán vigilar y auditar la ejecución de obras públicas y el gasto público. El objetivo final es que los recursos recuperados de estas redes se destinen íntegramente al gasto social para reducir la pobreza y la desigualdad.

Para liderar esta iniciativa, el candidato designaría a Iván Velásquez Gómez, actual embajador de Colombia en el Vaticano, destacando su trayectoria en la investigación de la "parapolítica" en Colombia y su liderazgo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). No obstante, el nombramiento se produce en un contexto donde Velásquez enfrenta diversos procesos judiciales y señalamientos por presuntas irregularidades en su gestión previa.

En el ámbito internacional, la justicia guatemalteca ha vinculado a Velásquez con presuntos delitos de asociación ilícita y obstrucción de justicia en el caso Odebrecht, alegando que su estructura habría favorecido a la constructora brasileña, ocasionando pérdidas al Estado estimadas en cerca de $385 millones de dólares.

A nivel nacional, existen denuncias sobre su paso por el Ministerio de Defensa, incluyendo la presunta modificación de un contrato para el "Proyecto Fortaleza" que habría permitido entregar un anticipo de utilidad de $50 millones de dólares a un contratista canadiense sin iniciar obras ni entregar garantías.

Asimismo, se investigan presuntos sobrecostos en la compra de vehículos blindados y posibles fallas contractuales en el mantenimiento de helicópteros MI-17, por las cuales se habrían pagado anticipadamente $16 millones de dólares sin recibir los repuestos correspondientes.

A pesar de estos cuestionamientos, Cepeda reiteró durante la rueda de prensa que la experiencia de Velásquez constituye una "garantía ética" para avanzar en lo que denomina una "revolución ética". El candidato concluyó asegurando que su compromiso es real y eficaz para recuperar la transparencia y la confianza en las instituciones del Estado.