Al cierre de la jornada electoral para el Congreso de la República y consultas interpartidistas, el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, entregó un balance sobre el desarrollo de las elecciones en el país y el exterior. Aunque destacó el espíritu democrático de la mayoría de los 41.200.000 ciudadanos convocados a las urnas. El funcionario confirmó la existencia de delitos electorales y una ofensiva digital sin precedentes contra la infraestructura de la entidad.

Las autoridades reportaron la incautación de cerca de 4.000 millones de pesos por parte de las fuerzas militares, la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Estas irregularidades monetarias se concentraron en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Guainía, Guaviare, Norte de Santander y Atlántico. Según Penagos, estos son "los verdaderos hechos de incidencias y de delitos electorales" que ocurren en puntos específicos del territorio nacional. 

Ofensiva cibernética contra el sistema

Uno de los puntos críticos reportados por la Registraduría fue la seguridad digital. Penagos reveló que la entidad enfrentó intentos de ciberataques en "cantidades alarmantes", registrando picos de hasta 300 millones de IPs conectadas simultáneamente buscando saturar la infraestructura.

"Hemos tenido intentos de suplantación de la página de la registraduría en 30 oportunidades y 60 perfiles de internet tratando de desnaturalizar la realidad", afirmó el funcionario. Ante esta situación, el registrador hizo un llamado a la ciudadanía para informarse únicamente a través de los canales oficiales y las aplicaciones autorizadas para los resultados de pre conteo. 

Juan Carlos Galindo, ex registrador nacional, señaló en diálogo con este medio que, si bien el sistema es robusto, los riesgos persisten fuera del esquema técnico. "Las dificultades las vemos por fuera del sistema electoral, en la compra-venta de votos, en el constreñimiento al elector por los grupos al margen de la ley y en la financiación ilícita", explicó Galindo.

 Clima de orden público y logística

A pesar de los traslados de puestos de votación en zonas como Montería, Córdoba, Nariño y el sur de Bolívar debido a la ola invernal e incidencias menores, la Registraduría calificó la jornada como pacífica. La logística contó con el apoyo de 860.000 jurados de votación que, tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m., iniciaron el conteo de votos bajo la supervisión de jueces, notarios y observadores internacionales.

Galindo también resaltó que el censo electoral de más de 41 millones de ciudadanos es un reto diferencial para estas elecciones, sumado a la importancia de superar los porcentajes de participación de años anteriores (49 por ciento en 2018 y 47.8 por ciento en 2022) para legitimar los resultados que definirán el nuevo escenario de cara a las presidenciales.