La mejor manera en que se puede explicar cómo se siente ser LGBTI+ es esta: imagina que todos nacemos en un barco individual, donde perciben el exterior de la nave y puedes decorar el interior. Donde hay muchos barcos, hay un cierto grado de esperanza en encontrar a otros como tú, pero cuando hay menos, el vacío del mar es tu único amigo. Te encuentras a la deriva, así que miras las estrellas, y ellas te devuelven la mirada con confusión, miedo y odio, así que cierras las ventanas y la esperanza de una vida mejor comienza a pudrirse...

Hasta que, si tienes suerte, te encuentras con una pequeña, pero poderosa, flota colorida que trae una nueva posibilidad, una oportunidad para enfrentar a las estrellas y brillar juntos. Algo que muchos no tienen la suerte de encontrar y se hunden en silencio.

En Colombia, 159 personas LGBTI+ fueron asesinadas en 2023, lo que representa un aumento del 7,3% en los casos y un aumento del 7% en la tasa de homicidios en comparación con el año anterior, de acuerdo con la Red Regional de Información sobre Violencia LGBTI en América Latina y el Caribe.

“Entre las posibles razones del aumento podría encontrarse el recrudecimiento de la violencia en territorios con mayor presencia de actores armados, especialmente en el marco de las elecciones territoriales de 2023”, indicaron.

Un país que ha sufrido la guerra ha sido escenario también para la “limpieza social” (es decir, el asesinato selectivo) de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. El Centro Nacional de Memoria ha documentado, por ejemplo, que durante el conflicto, además de los asesinatos perpetrados, los actores armados han implementado propaganda contra portadores de VIH/SIDA y acusado a personas con sexualidad diversa de que “son pecadoras o están poseídas por el demonio”.

En 2025, Caribe Afirmativo reporta registra 23 homicidios de personas sexo-género diversas desde enero (doce de estos se sucedieron en Antioquia). Entre ellos, el caso de Sara Millerey, del municipio de Bello, Antioquia, quien fue encontrada en la quebrada de Playa Rica el 6 de abril con brazos y piernas fracturados. Fue rescatada por bomberos y trasladada de urgencia a un centro médico, pero no sobrevivió. También ocurrió el transfeminicidio de Natalia Santo Domingo, en el municipio de Cajicá, quien recibió amenazas antes de ser encontrada muerta el 9 de enero en su vivienda en la vereda Canelón.

Fuera de Colombia, en todo el mundo existe hostilidad hacia las personas LGBTI+, especialmente dirigido a personas transgénero y hombres homosexuales cisgénero.

"Al menos 67 países tienen leyes nacionales que penalizan las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Además, al menos nueve países tienen leyes nacionales que penalizan las formas de expresión de género dirigidas a las personas transgénero y no conformes con su género", indica Human Rights Watch.

Incluso en países donde es legal ser LGBTI+, existen figuras influyentes que amenazan con arrebatar esos derechos (como Donald Trump).

Como verás, el mar es traicionero e impredecible.

Indagamos en las estadísticas de víctimas de violencia LGBTI+ en la provincia de Sabana Centro. Acudimos a los datos de la fiscalía general de la nación y las alcaldías municipales.

Descubrimos que entre 2020 y 2024 Cundinamarca fue el cuarto departamento con más víctimas LGBTI+ de lesiones personales y violencia intrafamiliar. De esos casos, los municipios de la región de Sabana Centro se ubicaron entre los diez primeros con más víctimas reportadas. Zipaquirá, Chía, Cajicá, Tocancipá y Cota estuvieron entre las ciudades con más casos de violencia en este período.

Como parte de nuestra investigación, preguntamos a las alcaldías de cada municipio qué estaban haciendo para apoyar a la comunidad LGBTI+. Entre nuestros hallazgos, encontramos que, al cierre de esta edición, Chía y Cota eran los únicos municipios con más incidentes violentos que no contaban con programas institucionales para apoyar a la comunidad. Es de aclarar que, en Chía, desde la dirección de asuntos étnicos, raciales, religiosos y posconflicto, indicaron que realizan acciones para “promover la inclusión y el reconocimiento de la población”, como la actividad con la Gobernación de Cundinamarca en la que participaron integrantes de la comunidad LGBTI+ con un emprendimiento de jabones amigables con el medio ambiente con el objeto de permitir el acceso de la comunidad a espacios de desarrollo económico.

La población invisible

El principal problema de la recolección de información sobre temas LGBTI+ radica en que la sexualidad y la identidad no son características aparentes. Para identificar a una persona gay o trans, esta debe revelar cuál es su preferencia sexual o identidad de género. Por esto, las estadísticas sobre la cantidad de personas LGBTI+ son solo estimaciones.

En el sitio web del Ministerio de Igualdad se afirma que "La Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH de 2021 (llevada a cabo por el DANE), permitió establecer un censo estimado de 501.000 personas LGBT en Colombia".

Pero es llamativo que las cifras varíen en la misma institucionalidad, que aplican diferentes metodologías para levantar los datos.

En 2024, el Departamento Administrativo Nacional de Estadístca (DANE ) llevó a cabo el Registro Voluntario para la Visibilidad de la Diversidad Sexual y de Género en Colombia. Este es considerado como un primer acercamiento a la caracterización de las personas que se reconocieron como LGBTI+, con el cual lograron identificar al menos 5.686 miembros de la comunidad.

Medio paso adelante, medio paso atrás

En la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar los delitos, se cuenta con una guía para llevar a cabo procesos con la población LGBTI+.

Desde marzo de 2024 está en funcionamiento el Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género de las Víctimas.

Este busca un mejor trato a las personas LGBTI+ desde todos los pasos del sistema judicial. Esto incluye capacitaciones para que los servidores públicos de la rama judicial, realicen sus investigaciones y procedimientos teniendo en cuenta el contexto social, las vulnerabilidades y los tipos de violencias en casos de víctimas LGBTI+. También se capacitan en maneras apropiadas de interactuar con las personas de la población, entre otras acciones.

Sin embargo, el grupo solo cuenta con tres fiscales de los seis que se supone que debían trabajar. Esto se debe a un existente perjuicio de los fiscales que trabajan en la entidad, que evitan trabajar en estos casos.

La Dirección para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+ del nuevo Ministerio de Igualdad busca establecer el trato digno a la comunidad como prioridad. Aunque no garantice la salud, educación o seguridad de la población de manera directa, se encarga de visibilizar, capacitar y analizar estrategias para mejor servir a la comunidad. A pesar de realizar una labor novedosa para generar un cambio estructural, problemas con su constitución y disputas políticas han impedido que opere como la comunidad lo esperaba.

“Tenemos toda la intención, toda la confianza. Desde al ministerio estamos haciendo toda la tarea, pero también debe estar en manos del legislativo”, afirma Simonne Montoya González, profesional con magíster ciencia política, abogade y especialista en temas LGBTIQ+ en el ministerio de la igualdad

“Igual el trabajo seguirá bien sea desde aquí o desde otros ministerios si MinIgualdad no continua, aunque ese es el panorama menos deseado, por supuesto”, añade Montoya.

Fepo Acevedo, cofundador de la Mesa Comunitaria LGBTIQ+ de Cajicá, señala problemas de respeto y confianza con las entidades gubernamentales y la falta de interés de las personerías municipales para abordar temas LGBTI+.

“Hace falta voluntad política en el municipio, por ejemplo, en el consejo municipal de Cajicá, que tiene la función de ejercer veeduría al gobierno local, no presenta ninguna voluntad política de examinar los temas de género. Por eso, nosotros, desde la mesa comunitaria, llevamos a cabo la labor de vigilar a la institucionalidad, aun así no contemos con el apoyo económico ni el acceso a la información y acciones jurídicas que goza el consejo”, dice.

“Es mucho más fácil que una persona LGBT confíe en otra persona LGBT antes que confiar en una entidad del Estado porque allí se presentan unos muros de accesibilidad institucional. Esto radica desde los prejuicios individuales que tienen los servidores públicos, por ejemplo, hay personas que creen que ser homosexual es una abominación, entonces en el momento en que son servidores públicos y una persona LGBT intenta ingresar algún tipo de atención primaria en temas de derechos, como la salud y la justicia, esta persona no actúa de acuerdo con la ley.”, añade Acevedo.

Aunque los derechos de la comunidad LGBTI+ se vulneren, en las últimas décadas se han dado avances en la legislación y la educación, lo que ha llevado a una mayor visibilidad. Esta visibilidad se ha concentrado en las ciudades; la deuda, entre las tantas que existen, se encuentra en las áreas rurales y rururbanas.

Juntos contra la tormenta

Cundinamarca ocupa el cuarto lugar en víctimas LGBTI+ de lesiones personales y violencia intrafamiliar, de acuerdo con las cifras de la fiscalía general de la Nación.

Como respuesta, en la región de Sabana Centro han surgido organizaciones sociales LGBTI+ o colectivos que actúan como espacios seguros para la comunidad. Sus actividades varían dependiendo a su enfoque: desde pequeñas congregaciones para fomentar el arte y discutir temas de prevención de violencias, sexualidad, identidad y política, hasta protestas masivas como la marcha anual del Orgullo gay en Zipaquirá, organizada por el colectivo “Sin Etiquetas” que se realiza cada junio desde el 2021.

Tejer vínculos ha sido la clave de nuestra supervivencia, en especial entre grupos que tienen diferentes pensamientos, modos de vida y que comparten un espacio común. Ahora, nos enfrentamos de nuevo a una sociedad violenta que perpetúa prejuicios y que genera numerosas crisis de salud, vivienda, trabajo y salud mental. (Esto es lo que hemos aprendido de la epidemia del SIDA)

“Incluir a las poblaciones clave y afectadas, apoyar su autoempoderamiento y su papel fundamental en la promoción, la prestación de servicios y la formulación de políticas, incluso para garantizar que los servicios sean culturalmente apropiados y respondan a las necesidades de la comunidad, para abordar el estigma y la discriminación y enfrentar las barreras sociales y estructurales”, explican desde la Organización Mundial de la Salud.

Los miembros de grupos LGBTI+ creen que sí es posible formar lazos solidarios y establecer redes de apoyo para proteger sus derechos.

“El tema que exigen las alcaldías es la participación de la ciudadanía, pero como podrás entender, se vuelve un problema. Por ejemplo, yo como persona LGBT no puedo estar las 24/7 encima de la institucionalidad. Se supone que se contratan funcionarios públicos para eso, para que estén al servicio del público. Muchas veces, nosotros somos los que tenemos que estarle pidiendo a la institucionalidad.

Nosotros realmente hacemos esto por amor al arte. Entonces, en bastantes ocasiones, yo desgasté mi tiempo, mi voluntad y mi conocimiento, se lo di toda la institucionalidad y yo recibo cero pesos, pero la persona que contrata para el desarrollo de esas políticas públicas si se lleva todo el buen rubro para la formulación para una política pública que puede o no beneficiar a la comunidad en lo absoluto”, concluye Fepo Acevedo.
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Guía de uso de la herramienta de datos

Hay dos líneas negras con los años desde el 2019 hasta el 2024 para ambos campos de los programas disponibles para ese año (el color del mapa) y las víctimas reportadas del delito correspondiente (los círculos rojos).

Puedes hacer clic en los años que desees ver la cobertura regional y la cantidad de víctimas para analizarlas como desees, aunque se recomienda escoger el mismo año para ambas variables.

Para conocer más sobre el trabajo que cada municipio está realizando, pase el mouse sobre el municipio deseado y haga clic, esto le mostrará un pop-up con un breve resumen de lo que están haciendo los municipios, algo de información sobre los presupuestos dirigidos a la población y los números de las líneas de atención si las tienen.