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27 de Noviembre de 2025 15:30
“Mi cuerpo me reclamaba al bebé. Me despertaba con ansiedad, como si aún tuviera que cuidarlo. Solo después de un ritual de cierre con una partera entendí que debía entregarlo a sus papitos”, afirma Pilar Delgado, una mujer de Popayán quien actualmente tiene cuatro hijos que viven con ella y tres embarazos producto de la maternidad subrogada, un proceso de reproducción asistida en el que una mujer lleva un embarazo a término para otra persona.
Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y niñas de las Naciones Unidas, define en su más reciente informe esta práctica como aquella en la que una mujer denominada “madre subrogada” queda embarazada y gesta un niño con el fin de entregarlo a otra persona o pareja denominados “progenitores comitentes”.
Pilar inició alquilando su vientre por curiosidad y con una motivación altruista de “ayudar a las personas a poder tener una familia”. Encontró la oportunidad en Facebook a través de una página denominada Las Desmadradas. Aunque al principio le dijeron que no era una persona apta, debido a que quería compartir públicamente su experiencia y lo consideraron contrario a los intereses de los padres comitentes, esto solo la impulsó más a querer ser parte de este proceso.
El debate sobre la legalidad de esta práctica no es nuevo y se remonta a inicios de la década de los años 70 en Estados Unidos.
En Colombia esta práctica avanza en ausencia de una ley que la regule, creando una suerte de mercado reproductivo que, ante la falta de normas claras, resulta cada vez más atractivo para los extranjeros, especialmente los provenientes de países desarrollados.
En consecuencia, ha sido la tarea de los jueces establecer los parámetros de su funcionamiento. Al respecto, la Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-980 de 2009, reconoció la gestación subrogada como una técnica de reproducción asistida. Desde entonces ha insistido en que el Congreso la regule, sin embargo, hasta la fecha más de 18 proyectos de ley han sido archivados.
Actualmente, la maternidad subrogada mueve miles de millones en todo el mundo. Según Global Market Insights, solo en 2024, su mercado alcanzó cerca de 22 mil millones de dólares (más de 90 billones de pesos colombianos) y se espera que para 2034 la cifra supere los 200 mil millones de dólares, un crecimiento que confirma su consolidación como una industria global altamente lucrativa y en plena expansión.
Ya que Colombia no ha regulado esta práctica, hay quienes aseguran que se ha convertido en un destino de turismo reproductivo donde clínicas privadas reciben parejas extranjeras mientras proliferan agencias, fundaciones y bufetes de abogados que intermedian acuerdos.
Según cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), durante el primer semestre de 2024 se registró un aumento del 7 % en la llegada de visitantes extranjeros que viajaron al país para recibir atención médica, en comparación con el mismo periodo del año anterior como se ilustra en el siguiente gráfico:
Aunque no es posible afirmar que todos estos casos correspondan a procesos de gestación subrogada, podría existir una relación, ya que el Instituto de Fertilidad Humana reportó que en 2023, el 40 % de sus pacientes eran extranjeros, lo que evidencia la creciente confianza en los servicios de reproducción asistida en Colombia.
Respecto a esta situación, la abogada Natalia Rueda, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Pisa y profesora de Derecho de Familia en la Universidad Externado, quien actualmente es una de las investigadoras más destacadas en el país en este tema, aseguró que la falta de regulación en Colombia “ha creado un escenario de libre mercado en el que las clínicas fijan las reglas del juego”. Esa dinámica, sumada a los costos más bajos frente a países como Estados Unidos o Grecia, ha convertido al país en “un destino de turismo reproductivo cada vez más atractivo”.
Pilar compartió en la entrevista que su primer proceso fue con una pareja colombiana, con quienes la relación fue excelente, ya que estuvieron pendientes de ella y de su familia durante todo el proceso. “Con la primera pareja, colombianos, hasta pasé diciembre en su casa con mis hijos”, recuerda. Sin embargo, en su segundo embarazo, con una pareja extranjera, la comunicación fue más distante, pues se realizaba únicamente a través de la agencia que la contrató y se limitaba a los pagos y las citas. Afirma que especialmente los extranjeros tienden a ver a la madre subrogada como “un instrumento”, por lo cual considera fundamental que se incluyan más en la etapa de gestación, ya que, “al fin y al cabo, se está gestando a su hijo”.
Esta diferencia de experiencias abre la puerta a otro debate sobre si existe una desigualdad estructural en los acuerdos de subrogación. Para esto, es importante destacar que según el DANE, el 37,6 % de las mujeres en Colombia no pueden costear una canasta básica de alimentos. Además, el Observatorio de Asuntos de Género de la Vicepresidencia ha señalado que, tanto en pobreza monetaria como en pobreza extrema, las mujeres víctimas registran una incidencia más alta que los hombres, reflejando la tendencia nacional.
Sin embargo, al no existir un sistema oficial de monitoreo o registro, se desconoce cuántas mujeres participan en acuerdos de subrogación y en qué condiciones lo hacen. La abogada Natalia Rueda calificó la práctica de la gestación subrogada como “clasista”, ya que solo pueden acceder a ella personas con alto poder adquisitivo o capacidad de endeudamiento. “Las desigualdades se generan por la manera en que se configura el mercado —afirmó—, porque quienes acceden son personas que pueden pagar este proceso altamente costoso, mientras que la mayoría de las gestantes son mujeres en situación de necesidad, muchas de ellas analfabetas o en pobreza extrema.”
Así mismo, Rueda aseguró que a ello se suma la asimetría en la celebración de los contratos, que agrava la vulnerabilidad de las gestantes. Aunque las clínicas son las que ejecutan el proceso, “los contratos son redactados por ellas en interés de los clientes”, explicó, y en algunos casos “se celebran en inglés, sin que las mujeres conozcan el idioma o puedan pagar un abogado que las asesore”.
Aun así, no todos coinciden con esa visión. En entrevista con W Radio, el pasado 30 de septiembre, Diana Barreto, abogada y madre subrogada, defendió la práctica y aseguró que no todas las participantes se encuentran en situación de pobreza: “a lo largo de mi experiencia he compartido con mujeres que están en el mismo proceso que yo, y la mayoría son estudiantes universitarias, con trabajo, esposo, familia y una buena red de apoyo”.
Ante posturas tan distintas, la pregunta queda abierta: ¿la gestación subrogada en Colombia es una alternativa de esperanza para quienes desean ser padres o un reflejo de las desigualdades que atraen a quienes pueden pagar por ella y a las mujeres en situación de vulnerabilidad?
Reem Alsalem, la relatora de la Naciones Unidas mencionada anteriormente, relevó en su informe que a las madres subrogadas se les administran medicamentos clasificados como peligrosos, como el Lupron, empleado para sincronizar ciclos menstruales. Estas sustancias no están exentas de efectos adversos: “estuve en mi último proceso dos veces hospitalizada por los medicamentos tan fuertes”, recordó Pilar.
Sin embargo, los riesgos no terminan ahí. En el documento presentado, la relatora citó diversos estudios que evidencian una mayor incidencia de complicaciones en los embarazos subrogados frente a los naturales, entre ellas embarazos ectópicos, cesáreas, diabetes gestacional, hipertensión, preeclampsia y placenta previa. Pilar lo confirma desde su propia experiencia: “Mi segundo proceso fue una cesárea porque me intentó dar una preeclampsia en el momento del parto, entonces digamos que uno corre entre el hilo de la vida y la muerte”.
La relatora igualmente se extiende al terreno emocional destacando que en un estudio llevado a cabo en la India, las madres subrogadas reportaron niveles más altos de depresión tanto durante el embarazo como después del parto.
Adicionalmente, diferentes voces sostienen que los niños nacidos a través de esta práctica pueden verse afectados por separación inmediata de la madre y la imposibilidad de establecer la lactancia clave en el vínculo primario necesario para el desarrollo mental y emocional.
El doctor Carlos Alberto Montoya, pediatra con más de 30 años de experiencia en la Universidad de Caldas, conocido como afectólogo por su énfasis en la importancia del cariño, subraya esta dimensión. “El problema no es solo médico o legal, es afectivo. El vínculo entre la madre y el bebé se empieza a gestar mucho antes del nacimiento, con los movimientos, los latidos del corazón, las sensaciones que el niño percibe en el útero. No se puede desconocer que somos mamíferos y por lo tanto nacemos programados para el apego”, explicó.
Según el especialista, el parto es un momento de liberación hormonal de endorfinas, oxitocina, prolactina entre otras, las cuales refuerzan la conexión entre madre e hijo. La lactancia, añade, no solo alimenta, también vincula y por lo tanto, cuando este proceso se interrumpe, se corre el riesgo de fracturar ese lazo primario.
Las consecuencias se pueden evidenciar en el testimonio de Pilar, quien tras el parto enfrentó síntomas de depresión y ansiedad: “Cuando regresé a Popayán, sufrí depresión posparto, al sentirme utilizada para traer vida y luego percibir que me desecharon (…) Mi cuerpo me reclamó muchas veces el estar con la bebé. Me despertaba automáticamente, con ansiedad, con el afán de buscarla, y solo me calmaba cuando la podía ver o cargar”, relató.
Actualmente en el mundo hay diferentes posturas respecto de la gestación subrogada. Sin embargo, el carácter global del mercado ha generado una zona gris jurídica que, en muchos casos, termina afectando tanto a los niños como a las mujeres que participan en el proceso.
En cuanto a los menores, estos se ven afectados por los escenarios de ambigüedad jurídica en el reconocimiento de su filiación, nacionalidad o identidad, pues las diferencias en las regulaciones de los países dificultan su reconocimiento en algunos estados.
Un ejemplo reciente se presentó en abril de este año, cuando la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ordenó incluir el nombre de la mujer gestante en el registro civil de una bebé nacida a través de subrogación. El fallo buscó proteger los derechos fundamentales de la menor que había quedado en situación de apatridia (sin nacionalidad) por la invalidez de su partida de nacimiento ante la ausencia del nombre de una madre.
Los jueces le dieron la razón al padre de la menor, un ciudadano francés que no pudo registrar a la bebé en su país porque el documento era inválido, al estar prohibida la práctica. El hombre pidió a la Registraduría Nacional que rectifique el acta de la menor e incluya el nombre de la madre gestante, para que luego pueda ser inscrita en Francia.
En otro proceso, el juzgado 38 de familia de Bogotá dictaminó que las mujeres gestantes tienen derecho a aparecer en el registro civil de los bebés junto a los padres de intención, dando lugar a la “pluriparentalidad”. La jueza consideró que la mujer gestante es madre biológica, aunque no haya aportado material genético, argumentando que “sin la participación de ambas mujeres no podría llevarse a cabo el proceso reproductivo”.
Para profundizar en este panorama, la abogada Ana María Idárraga, coordinadora de la línea de Persona y Familia de la Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana, quién cuenta con amplia experiencia en litigio en temas relacionados con el derecho internacional de protección de la persona humana, explicó que la ausencia de regulación en Colombia ha creado un terreno propicio para la vulneración de derechos humanos.
Según afirmó, las acciones que realizan algunas clínicas para captar mujeres podrían configurarse como trata de personas con fines de explotación reproductiva. “En el país no hay registros oficiales ni control sobre las condiciones en las que se llevan a cabo estos procesos. Las mujeres gestantes quedan expuestas a tratos abusivos, violencia económica y obstétrica, e incluso a la pérdida de autonomía sobre su propio cuerpo”, señaló.
La abogada también advirtió sobre la falta de supervisión estatal en torno a los niños nacidos bajo este modelo. “Muchos de ellos son trasladados fuera del país sin garantías sobre su filiación ni sobre la idoneidad de quienes celebran los contratos”, aseguró, agregando que esta situación puede derivar en casos de apatridia y en la delegación de decisiones sobre derechos fundamentales a clínicas privadas guiadas por intereses económicos.
No todas las voces en el debate rechazan la práctica. Para algunos, la gestación subrogada ofrece una oportunidad de formar familia y cumplir el sueño de tener un hijo biológicamente propio. De igual manera, algunas madres gestantes aseguran que puede ser una experiencia significativa al sentirse parte de la historia de otra familia.
Pese a las complicaciones Pilar afirma vivirlo así: “es saber que no lo haces para ti, sino para alguien más. Es bonito cuando sientes que el bebé se mueve y sabes que pronto otra familia lo recibirá con amor”. Para ella, la mayor recompensa es emocional al asegurar que “la plata se acaba, pero el ‘gracias’ de una familia queda para siempre”.
Este enfoque ha inspirado modelos regulatorios en países como Canadá, Reino Unido o Uruguay, donde la subrogación solo se permite con fines altruistas y bajo estrictas condiciones. En contraste, otros países, especialmente en Europa, la prohíben por completo. Sin embargo, hay quienes permiten su práctica comercial como Rusia, Ucrania y algunos estados de Estados Unidos.
El 22 de julio de 2025, el representante a la Cámara Juan Manuel Cortés Dueñas presentó un proyecto de ley que busca permitir la maternidad subrogada únicamente con fines altruistas, limitando la compensación a los gastos médicos, el tiempo de recuperación y las posibles pérdidas de ingresos durante el embarazo.
Sin embargo, la propuesta llega a un escenario profundamente dividido. Para algunos congresistas, como Carolina Arbeláez, la regulación es urgente: “La maternidad debe ser regulada para que exista transparencia en los acuerdos entre la madre gestante y la familia. Se debe prohibir la explotación económica, garantizar la protección integral de los derechos de los niños y asegurar el acompañamiento médico, psicológico y legal”.
Arbeláez advierte que la ausencia de reglas claras está abriendo la puerta a una de las formas más graves de explotación: “Muchas mujeres en situación de vulnerabilidad están siendo convertidas en instrumentos de mercado, mientras clínicas y mafias extranjeras se enriquecen a costa de sus cuerpos. Ellas asumen todos los riesgos físicos y emocionales y reciben solo una fracción del dinero que otros ganan”.
Aun así, el debate continúa polarizado. Mientras unos defienden la necesidad de una regulación que brinde garantías y transparencia, otros consideran que cualquier forma de subrogación implica la mercantilización de la vida. En medio de esta controversia, el futuro del proyecto es incierto y podría, una vez más, quedar archivado.
Mientras la ley sigue en suspenso, las historias de las mujeres y los niños que participan en esta práctica no dan tregua a la ausencia de normas claras. Hoy, Pilar trabaja como referidora en una clínica de Bogotá, guiando a otras mujeres que desean convertirse en madres subrogadas. Desde su experiencia, busca acompañarlas y compartir lo que ha aprendido.
Su historia es solo una entre muchas, pero refleja con claridad lo que hoy viven las mujeres en Colombia que deciden poner sus cuerpos al servicio del deseo de formar una familia, en un escenario donde la ley aún guarda silencio. Porque mientras el mercado se expande, el Estado aún no se decide.

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