La Ley de la Música, que fue aprobada por el Congreso el 2 de junio, pretende fortalecer la escena musical en el país. El objetivo principal del proyecto es “lograr algo similar a lo que ha pasado en el cine, que es generar una dinámica armónica entre los recursos que entran por ese sector y los que vuelven a ese sector”, afirma Daniel Urrea, quien participó como el asesor encargado por parte del equipo de Daniel Carvalho, exmiembro de la Cámara de Representantes.

La iniciativa busca garantizar que las inversiones estatales en la música guarden una proporción justa con los recursos que el mismo gremio aporta a través del espectáculo público. Para ello, la pieza central es la creación del Fondo Cuenta Especial del Sector de la Música, un patrimonio autónomo que, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, podría inyectar aproximadamente $273 mil millones de pesos anuales al ecosistema musical del país, de acuerdo con la Ponencia para Primer Debate PL N° 373 de 2025 Cámara - 048 de 2024 Senado. Urrea lo deja claro al señalar que “el foco era el fondo”.

Su corazón social también radica en la definición del “artista no masivo”, encargada al Ministerio de Cultura. La ley ordena que un mínimo del 40% de los recursos del Fondo se destine a músicos y agrupaciones independientes que operan fuera del mercado mainstream. Dicha medida busca que el apoyo estatal llegue a quienes realmente lo necesitan y no a los grandes nombres.

Además, la ley incluye iniciativas como la exención del IVA para la compra de instrumentos musicales, software y hardware de creación sonora, así como regulaciones para el transporte aéreo de instrumentos, permitiendo que los músicos viajen sin enfrentar costos excesivos ni malos tratos hacia sus equipos, siempre que estén registrados en el SIMUS (Sistema de Información de la Música).

A pesar de las críticas de algunos sectores de la industria musical hacia la opacidad de los recaudos fiscales de las sociedades de gestión, el equipo legislativo optó por un enfoque pragmático. Urrea enfatiza que “esta Ley de la Música no tenía ni tiene como objeto eso porque es todo un mundo”. La prioridad inmediata es “entregar al sector de la música una ley aprobada” y un fondo sólido que permita, a futuro, dar debates más complejos.

¿Qué piensan los artistas?

“Lo que leí así por encima de esa ley es como en el colegio cuando estaban los candidatos a personería y había uno que decía: ‘yo les voy a dar un tobogán y una piscina’”, menciona Albert Medina Cortés, vocalista y guitarrista de The Kitsch.

Aunque Medina reconoce el potencial económico de la iniciativa, su punto de vista refleja una preocupación recurrente: el temor de que el manejo de recursos termine en manos de los “artistas de siempre” o condicione la libertad en una comunidad musical naturalmente contestataria.

Frente a la inquietud, Daniel Urrea responde: “No va a pasar nada. De ninguna forma debe haber eso. (...) no se debe condicionar la voz del artista”.

Para María Paula Vásquez, líder del proyecto Pálido Adiós y vocalista de la banda de Shoegaze Encarta 98, uno de los aspectos más destacados de la ley es su intención de sacar a los artistas de la informalidad. Sin embargo, advierte sobre la complejidad de ejecutar ciertas medidas, especialmente en lo relacionado con la definición de “artista no masivo”.

Según Vásquez, dejar en manos del Ministerio de Cultura la decisión de quién es o no un artista masivo basándose en métricas digitales resulta polémico.

“¿Y qué pasa con esos artistas que deciden no entrar a las plataformas digitales y que mueven mucha música y gente?”, se pregunta Vásquez.

El riesgo radica, según ella, en que la normativa termine exigiendo una “comprobación digital” obligatoria para validar el oficio.

¿Y SAYCO?

Aunque la ley evita reformar directamente las sociedades de gestión colectiva, las discusiones terminan llevando a SAYCO. Paula Pera, cantautora independiente con trayectoria en escenarios masivos, relata una experiencia que ilustra la brecha entre el recaudo y el beneficio real para los artistas:

“Yo le abrí a Cultura Profética en el 2021 en el Movistar Arena. Nunca vi un peso de esa plata de SAYCO (...) Yo esa vez fui y toqué mis canciones en frente de 14.000 personas y nunca me respondieron por ese dinero”, indica Pera.

Ante esta denuncia, Ricardo Gómez, representante jurídico de SAYCO, calificó el hecho como un “caso curioso” y señaló que es necesaria una revisión de los datos exactos del evento, aunque admite, sobre SAYCO, que “no son perfectos”.

La experiencia de Paula Pera refleja la tensión que la Ley de la Música busca mitigar sin entrar al “berenjenal", como ella lo llama, legislativo de reformar directamente a la sociedad de gestión. El Fondo Cuenta Especial desempeñará un papel importante como alternativa de financiación.

Por otro lado, Albert Medina manifestó que los directivos priorizan géneros como el vallenato, dejando al rock en el margen. Ante esto, Gómez señala:

“El rock es una modalidad musical extranjera. (...) SAYCO no puede hacer nada con las tendencias del nuevo mercado. Nosotros somos un simple notario de lo que el mercado va marcando”.

Desde su faceta como DJ, Medina explica que la trazabilidad de los derechos de autor en un set resulta mucho más compleja que en un concierto tradicional.

“Una banda en un show puede tocar de diez a trece canciones, un DJ puede poner hasta 50 canciones”, menciona.

Ante ello, propone que la inteligencia artificial sea la herramienta encargada de automatizar y desglosar a los artistas que suenan en una sesión grabada. Esta búsqueda de precisión tecnológica es respaldada por Daniel Urrea, quien destaca modelos de gestión individual, como RevMusic, que utilizan tecnología para reportar en vivo qué fonograma exacto suena.

Sin embargo, este posible cambio encuentra resistencia en SAYCO. Ricardo Gómez califica el monitoreo por inteligencia artificial como “mentiroso”, argumentando que estos sistemas terminan engañando al autor. En defensa del modelo actual, asegura que la entidad prefiere el “uso real de obras musicales” mediante aparatos de registro físico.

Por su parte, María Paula Vásquez destaca la asfixia administrativa que enfrentan los artistas, señalando que el músico independiente está obligado a actuar como su propio abogado, mánager e influencer.

Por su parte, Paula Pera considera urgente una intervención a SAYCO que obligue la implementación de tecnologías de monitoreo eficaces.

Los artistas coinciden en que el dinero del nuevo Fondo no es la única solución. Para Paula Pera, esta iniciativa es valiosa pero no representa un “punto de quiebre para cambiarle la carrera a alguien”. El cambio, asegura, se encuentra en la pedagogía profunda sobre los derechos de autor.

Ahora bien, existe una desconfianza respecto al SIMUS. Mientras Vásquez lo ve como un punto positivo para agremiar el sector, Paula Pera lo califica como una idea “idealista”.

El debate sobre la equidad de género concluye la visión de los artistas. Frente a una cuota obligatoria del 40% de participación femenina en festivales, Vásquez la considera urgente. Para Paula Pera, esta cuota se siente como una obligación, pero sostiene que es necesaria porque la música sigue siendo una “industria machista”.

Ante el escepticismo, Daniel Urrea afirma que “todo derecho adquirido al principio es una obligación” y desmiente el argumento de quienes aseguran no encontrar mujeres en determinados géneros: “Falso. En todos esos géneros hay mujeres. Vaya, búsquelas, visibilícelas más”.

Y tras la aprobación… ¿Qué sigue?

Si bien la Ley de la Música ya es una realidad, para Daniel Urrea el verdadero desafío apenas comienza.

“Lo que logramos es un asunto legislativo. Ahora lo que viene es la implementación y eso queda en manos del Gobierno Nacional”, indica.

“El principal reto va a ser definir el esquema de gobernanza. De que eso suceda pronto depende que el resto de asuntos tan potentes de la ley sean una realidad y no se queden simplemente en el papel”.

Por ahora, la Ley de la Música navega los mares del entusiasmo institucional y el escepticismo de los artistas, evidenciando que el verdadero reto ya no es aprobar la ley, sino lograr que sus promesas se materialicen.