En los colegios, desde pequeños, se invita a los estudiantes a realizar muestras culturales para aprender sobre la historia y cultura del país en fechas como el Día de la Independencia o el Día de la Raza y la Afrocolombianidad. Bailar una cumbia frente a los padres, montar trovas y representar cómo nacieron los carnavales son parte de esa formación. Pero ¿la entienden y la viven del todo?

Esa tensión entre representar y realmente comprender se repite, a mayor escala, en las grandes festividades del país. El Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Blancos y Negros, y la Feria de las Flores en Medellín son reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de Colombia: prácticas, representaciones y expresiones colectivas que dan identidad a las comunidades que las crearon. Sin embargo, estos eventos se han convertido en productos de promoción turística a los que el Estado destina más recursos que a la formación de los artistas y comunidades que mantienen estas festividades.

Las cifras lo confirman: la Feria de las Flores generó un ingreso económico de más de 100 mil millones de pesos en 2023, y el Carnaval de Barranquilla, 880 mil millones en 2025. Pero ese dinero tiene un costo oculto: la UNESCO advierte que este tipo de inversión genera un efecto deformante sobre las artes del espectáculo —danza, música y teatro— que componen estos eventos, acortándolas y transformándolas para responder a la demanda turística. Y, aun así, es ahí donde se sigue invirtiendo más, y no en lo que verdaderamente sostiene cada práctica cultural dentro de estos eventos turísticos: las tradiciones musicales y dancísticas, los símbolos ancestrales de las comunidades y las historias de los antepasados que hay detrás, como, por ejemplo, la de una noche de guacherna o la de un desfile de una silleta llena de flores.

La Feria de las Flores en Medellín refleja este déficit. Del Presupuesto de Inversión 2025 de la Alcaldía, de los $39.723 millones destinados a fomento artístico, $23.000 millones fueron para eventos y agenda de ciudad, y solo $5.923 millones para la Red de Casas de Cultura. Un gran ejemplo de esto es el caso de quienes mantienen viva la fiesta y son considerados también patrimonio nacional: los silleteros. Aunque se les remunera por su participación, el emprendedor colombiano Camilo Olarte mostró en un video en su perfil que muchos reciben menos de 1.000 dólares por esta labor. Incluso el ganador del concurso de silleteros en 2026 recibió $10,7 millones de pesos, una cifra que apenas alcanza a cubrir lo que cuesta montar una sola silleta: entre $1,6 y $4,6 millones, según un reportaje de La República, sin contar el arreglo floral, que puede sumar $2 a $3 millones más. Y aunque la Alcaldía invirtió $336 millones en 2025 para los 535 silleteros participantes —un promedio de apenas $627.000 por persona— esa remuneración es insuficiente para sostener el oficio que, en realidad, sostiene en gran parte la Feria.

Por más que Medellín cuente con un Plan Especial de Salvaguardia, la propia Alcaldía reconoce que persisten problemas para sostener la transmisión de ese oficio, amenazada por la presión turística. Lo que ocurre con los silleteros es apenas un ejemplo de un patrón más amplio. Oskar Flórez, portador del folclor musical y danzario de Colombia, resalta que este tipo de festividades promueven la cultura de una ciudad, pero no la de las comunidades que realmente son la cuna de creación de estos eventos. Él mismo cuenta que en lugares donde tuvo la oportunidad de trabajar, como el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (IDECUT), los presupuestos culturales altos terminan casi siempre en las festividades y en estímulos que no crean cultura, mientras la formación y las casas de cultura reciben apenas una fracción, sin supervisión adecuada.

A ese desequilibrio se suma algo más preocupante: ni siquiera hay quién consuma la cultura que tanto se promociona. Un estudio de la revista Signo y Pensamiento de la Universidad Javeriana encontró que los jóvenes universitarios abandonan cada vez más prácticas como el teatro, el cine o la danza, por falta de difusión y de recursos. Es decir, incluso donde se invierte más en eventos culturales que en formación, el consumo cultural de los jóvenes colombianos ha disminuido en los últimos años.

Pero la falta de público no es el único obstáculo para la formación cultural: también lo es la precariedad de quienes la sostienen desde dentro. Como lo reconoció el mismo exministro de trabajo Antonio Sanguino durante la mesa interinstitucional de inspección laboral: "El sector cultural no puede naturalizar la precarización". Con esas palabras, el Gobierno anterior admitió que esta precarización existe y que el sector no ha tenido un respaldo institucional suficiente. El Boletín No. 072 del 20 de marzo de 2026 del Concejo de Bogotá lo confirma con cifras: una caída del 26,5 % en el número de estímulos culturales, que limita el acceso de artistas y colectivos a financiación y formación.

Este problema ya fue reconocido por el propio presidente, Abelardo de la Espriella, quien afirmó en su discurso político: "Cuando necesitan mostrar lo mejor que tenemos, los utilizan; pero cuando baja el telón, los dejan solos". Surge entonces la pregunta de si su gobierno cumplirá la promesa de que la cultura deje de ser utilizada a conveniencia y pase a ocupar un lugar prioritario dentro de las políticas públicas y de desarrollo económico.

La verdadera prueba para este nuevo gobierno no será cuánto invierte en mostrar la cultura del país, sino cuánto de la inversión en el sector cultural se traduce en formación real para quienes sostienen ese patrimonio cultural inmaterial. De lo contrario, el país seguirá representando ante el mundo una Colombia que cada día conoce menos.