En la reunión del gabinete estadounidense en Camp David, Marco Rubio calificó a la Corte Penal Internacional (CPI) como una organización ilegítima que atenta contra los intereses de Estados Unidos, al tiempo que reconoció, con evidente orgullo, que las presiones ejercidas en el ámbito internacional habían surtido efecto. Entre estas medidas de presión, se encuentra el uso de la Lista Clinton como instrumento para promover intereses políticos que trascienden la finalidad para la cual fue concebida esta herramienta.

La Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (conocida popularmente como la Lista Clinton) es, en su diseño original, un instrumento legítimo. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos impone sanciones contra entidades o personas que llevan a cabo actividades perjudiciales para la seguridad nacional, la política exterior o la economía del país.

Bajo el sistema internacional, órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia CPI y la Unión Europea se sujetan al principio de subsidiariedad, que dispone, en términos generales, que las instituciones no se inmiscuirán en los asuntos internos de los Estados hasta tanto no se den ciertas condiciones. Bajo esa lógica, resulta razonable considerar que Estados Unidos haya utilizado, en ejercicio de su autonomía, la creación de una lista que protege sus intereses nacionales.

El problema radica cuando la herramienta es utilizada para atentar contra estructuras (y personas) que tienen por objeto la persecución de los crímenes más reprochables para toda la comunidad internacional. Ese es, precisamente, el caso de nueve de los dieciocho jueces, dos fiscales adjuntos, un exfiscal y un miembro del personal de la CPI.

A través de la orden ICC-EO14203 Estados Unidos, bajo firma de Donald Trump, se incluyó en la Lista Clinton a Kimberly Prost, Nicolas Yann Guillou y Karim Khan (quien actualmente se encuentra destituido de su cargo). De hecho, el 18 de agosto de 2026, Marco Rubio decretó nuevas sanciones contra la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, y el fiscal principal de juicio Abdoulaye Seye.

La propia lista hace referencia a que las “personas maliciosas” como “terroristas y narcotraficantes internacionales” son quienes sufren de las restricciones administrativas y económicas. Sin embargo, ninguno de los mencionados previamente se ajusta a estos perfiles, considerando los estrictos estándares de selección para fiscales y magistrados que integran esta institución, conforme al Estatuto de Roma. Siendo así, el tecnicismo invocado para justificar la sanción tiene una serie de vacíos argumentativos.

Como ocurrió en El sabueso de los Baskerville, donde Holmes debía apartar la mirada de la leyenda del sabueso demoníaco para desenmascarar al verdadero responsable del crimen, los indicios reunidos exigen mirar más allá de las justificaciones oficiales invocadas por Estados Unidos para incluir a jueces y fiscales de la Corte en la lista.

La orden 14203 sostiene que la CPI carece de jurisdicción sobre Estados Unidos e Israel, y que investigarlos afecta la seguridad nacional del gobierno y de sus aliados. Aunque ninguno de los dos Estados ha aceptado la jurisdicción de la Corte, la CPI ya argumentó los motivos de su competencia sobre estos casos, en el marco de las investigaciones abiertas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Al respecto, es importante resaltar que, por coincidencia, los fiscales o jueces que han tenido una relación con las investigaciones en contra de funcionarios israelíes son los mismos que se encuentran sancionados por la Lista Clinton. Karim Khan, como fiscal jefe, solicitó las órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, por incurrir en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los jueces sancionados integraron las salas que autorizaron esas órdenes o que resolvieron cuestiones de competencia relacionadas con ese caso.

Más allá de la discusión sobre los crímenes internacionales que han sido cometidos por miembros del Gobierno israelí, la apertura de estas investigaciones por parte de la CPI resultaba fundamental. Ante las críticas relacionadas con el posible sesgo de condenar exclusivamente las victimizaciones en África, esta era una oportunidad para demostrar que la institución fue diseñada para condenar los crímenes más atroces, independientemente de la nacionalidad del sujeto.

Pero el gobierno actual de Estados Unidos ha establecido una campaña para desmantelar la CPI, basado en el argumento de soberanía (que, a propósito, ha sido tendencia desde la captura de Nicolás Maduro) y la falta de jurisdicción.

El fiscal jefe de Núremberg, Robert Jackson, definió el propósito último de la justicia penal internacional: condenar los crímenes que no deben repetirse. Convertir la Lista Clinton en un arma contra quienes intentan cumplir ese propósito no es una medida técnica de seguridad nacional, sino un respaldo político a la impunidad.