Durante el Primer Coloquio de Ciencia Aplicada de la Alcaldía de Chía se reveló que, luego de la pandemia del COVID-19, aumentaron los registros de casos de ansiedad (3,8%) y depresión (3,7%) en la población juvenil. En 2024, se registraron 47 intentos de suicidio en mujeres y 27 en hombres.

Ante este panorama, Conexión Sabana 360 se propuso indagar en las causas que hay detrás de las deficiencias en el servicio de atención a la salud mental en Sabana Centro. Para esto, se realizó una serie de entrevistas a los distintos actores involucrados.

Esta es la perspectiva de la Secretaría de Salud de Chía, desde el área de Gestión de Salud Pública. Érika Ayala y Valentina Rodríguez, psicólogas pertenecientes al departamento de salud mental, nos contaron acerca del funcionamiento y las barreras y oportunidades del sistema actual.

Alejandra Moreno: ¿Cómo está estructurado el modelo de atención en salud mental en Chía?

Valentina Rodríguez: La atención a la salud mental en el municipio de Chía se articula principalmente por medio de las EPS y sus respectivas IPS, que deben garantizar el acceso a servicios como psicología, psiquiatría y neuropsicología, ya sea dentro del municipio o zonas aledañas, según los convenios establecidos. Esta red de atención se complementa con el trabajo de la administración municipal que ha diseñado diferentes estrategias orientadas a la promoción y prevención de salud mental, entendiendo que el acompañamiento oportuno es la clave para el bienestar de la comunidad.

Desde la Secretaría de Salud en Chía, se lidera esta labor a través del área de salud pública, que actualmente cuenta con dos equipos fundamentales: la Gestión de Salud Pública, con un enfoque específico en la dimensión de salud mental, y el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC). Ambos grupos desempeñan funciones esenciales de verificación, vigilancia y acompañamiento a las personas que requieren atención, fortaleciendo los procesos preventivos y de promoción. Además, la secretaría ejerce un control y seguimiento riguroso sobre las EPS e IPS, con el objetivo de asegurar que estas entidades cumplan de manera eficiente su rol en la prestación de servicios a la comunidad.

A.M.: ¿Con qué herramientas cuenta el sistema de salud en Chía para atender pacientes en salud mental?

V.R.: El municipio cuenta con tres puntos de atención en urgencias: Clínica Chía, Hospital San Antonio de Chía y Clínica Universidad de La Sabana, esto para una urgencia vital.

Desde la administración municipal contamos con tres estrategias para la atención: la primera es el centro de escucha, un dispositivo comunitario que nos permite dar una primera atención en salud mental sin que este sea un proceso clínico terapéutico; la segunda es la línea de tele orientación 123 y la tercera son los ZOE, Zona de Orientación Escolar, que es muy similar al centro de escucha, pero opera directamente en las instituciones educativas.

A.M: ¿Cómo se articulan las EPS, hospitales y Alcaldía en el manejo de los casos de salud mental?

Érika Ayala: Hoy en día, cuando hablamos de salud mental, pensamos en el caos y en el miedo que esto nos puede generar. Es por esto que tenemos estrategias, tenemos profesionales y estamos completamente dispuestos a trabajar por todas las personas que nos requieran. Por eso, no podemos olvidar que contamos con los puntos de atención en urgencias, las EPS y nosotros como institución pública pues también estamos a la mano.

Tal vez no tengamos las soluciones inmediatas, pero se empieza levantando la mano.

A.M: ¿Qué tipo de acompañamiento se ofrece hoy a quienes están en crisis o en condiciones de vulnerabilidad mental en el municipio?

V.R.: Tanto el equipo de salud mental del PIC, plan de intervenciones colectivas, como nosotros, desde la gestión de salud pública, realizamos el acompañamiento dependiendo del riesgo de cada caso, generando procesos educativos siempre desde la promoción y la prevención.

En el municipio, brindamos acompañamiento a la persona, tratamos de adherirla, y de orientar su tratamiento de la mejor manera. Entendemos que, por temas de tiempo y de organización de las EPS, las sesiones pueden ser cortas. Es un tema más burocrático. Por eso nosotros buscamos ser un poco más laxos con los tiempos y brindar espacios de escucha de hasta hora y media.

M.A: ¿Hay barreras administrativas o logísticas, que haya identificado la secretaría, que afecten el acceso oportuno a estos servicios?

E.A: Frente a las barreras principales que reconocemos, después de la actualización de la política nacional, se presenta dificultad para las contrataciones de psicólogos en las IPS y EPS, las entidades promotoras de salud. Esto resulta en que las personas dejan de asistir a los procesos terapéuticos, aun cuando las IPS les garantizan esos servicios.

También, están las situaciones donde la comunidad desconoce que tiene acceso a los servicios, bien sea contributivo o subsidiado. Muchas personas dicen que el subsidiado no tiene la atención porque el Estado, pero, nosotros como entidad territorial, estamos en la obligación de mantener esa afiliación para asegurarles las garantías mínimas de atención en salud. Recordemos que la salud es un derecho y por eso mismo nosotros trabajamos para que todos tengan esas atenciones.

Y ese desconocimiento hace que las personas se alejen. Por eso es tan importante seguir reforzando todas las estrategias comunitarias.

M.A: ¿Existe una ruta clara de atención a la salud mental?

E.A: No hay una sola ruta. Las rutas de atención generalmente están divididas de acuerdo con la prioridad de cada caso. Existen canales más precisos, por ejemplo, para tratar temas relacionados con violencia, rutas para migrantes o población diferencial que, en general, requiere de un acompañamiento inmediato.

También es importante tener en cuenta que cuando yo no soy la persona que está siendo afectada, sino que se trata de alguien en mi círculo cercano, no puedo obligarlo a asistir; sin embargo, si veo que la persona está absolutamente desorientada, la ruta adecuada en este caso es notificarnos para poder iniciar el proceso terapéutico necesario.